Leguleyadas contra la pesca artesanal

R ecientemente llegó a mis manos una propuesta de Decreto Ejecutivo que dice estar dirigida, entre otras consideraciones baladíes, al ‘fortalecimiento del aprovechamiento racional, sostenible y responsable de los recursos acuáticos y de la protección de los ecosistemas, favoreciendo su conservación...’ (Ver penúltimo considerando de la propuesta).

Las razones esgrimidas son, desde el punto de vista ambiental, razonables; las medidas propuestas, si se examinan desde una óptica del desarrollo humano y sostenible, definitivamente que no.

El artículo 2 es contundente, tanto así que convierte en inoperante y superfluo el resto de los artículos del decreto propuesto. El mismo expresa que: ‘Se prohíbe el uso de palangre a todas las embarcaciones pesqueras en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá.’.

¿Quiénes usan este tipo de tecnologías en nuestras aguas territoriales? Fundamentalmente los pequeños pescadores, es decir, los mismos que logran hacer en un año lo que una embarcación industrial grande hace en un par de días. De manera que la prohibición tiene nombre y apellido.

De ninguna manera se trata de excusar el uso de artes de pesca que afecten la adecuada reproducción de las especies marinas. Pero medidas como esta solo apuntan contra un sector de clase social en proceso de empobrecimiento acelerado y dejan un mayor campo de operación a las grandes empresas de pesca de creciente origen extranjero.

Con esta clase de leguleyadas, se hace evidente una vez más, no solo a favor de quiénes actúa este gobierno, sino contra quiénes lo hace.

Desde el punto de vista del auténtico desarrollo humano y sostenible, tomar una medida en lo ambiental, sin atender a las condiciones que hacen que se beneficie o perjudique a los grupos humanos, es todo lo contrario de lo que se pregona. De manera que, debería tenerse claro previamente bajo qué o cuáles condiciones estos sectores sociales podrían ajustarse a un tipo de medida de protección ambiental, para no caer en una acción de burda complacencia a los grandes intereses de la pesca en Panamá, como la que se viene gestando en el Ejecutivo.

Es decir, para imponer una medida restrictiva y coercitiva como la expuesta, hace falta haber fomentado el salto cualitativo de nuestros pescadores artesanales, con antelación o simultáneamente, de forma tal que sus capacidades y tecnologías empleadas fuesen las que se adecúen a los propósitos ‘ambientales’.

Introducir este tipo de tragicomedias jurídicas, obviando la premisa del desarrollo sostenible en la que deben congeniarse lo económico, lo social y lo ambiental, no hacen más que abonar a la desaparición acelerada de estos sectores de clases: los pequeños pescadores, en beneficio de los grandes empresarios de esta actividad que suelen competir con aquellos por el espacio marino costero de las zonas restringidas para la pesca.

Las repercusiones, no se confinan a una mera desaparición económica de un grupo. Además, tiende a ocurrir que al quedarse sin poder realizar la única actividad que aprendieron, estos pescadores y sus familias serán presa fácil para la especulación y venta de sus pequeñas propiedades territoriales, convirtiendo nuestros litorales y espacios insulares en fincas privadas en las que ni vecinos ni turistas locales tenemos acceso a lo que constitucionalmente no puede ser enajenado por particulares.

En mi modesta opinión, debe desistirse de esa intentona de decreto, mientras no se fomenten integralmente las capacidades de los pescadores artesanales de nuestras costas; de lo contrario, el resultado manifestará lo que muchos quieren no mencionar y ocultar, la existencia de una lucha de clases en el espacio social marino costero que hace inviable un verdadero desarrollo humano y sostenible.

SOCIÓLOGO AMBIENTAL Y DOCENTE UNIVERSITARIO.