El precio de ser ministro

Tomé la decisión de solicitar una licencia como ministro sin otra consideración que la de asumir mi defensa moral y legítima, acerca de hechos ocurridos hace casi cuarenta años y traídos de nuevo a la luz pública por quienes promueven, desde hace buen tiempo, su animadversión hacia mi desempeño y el del gobierno que represento.

De estos hechos la justicia ya dio cuenta en ese momento pasado, y fui sometido a los rigores que la ley y mi institución me impusieron. Baste indicar que en ningún momento el incidente fue ocultado; que luego estuve sometido a la correspondiente investigación judicial y que, aclaradas las circunstancias, se me absolvió de responsabilidad alguna.

Siento que se está utilizando esta historia para desprestigiar la tarea emprendida para promover la seguridad ciudadana, luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado y dotar la capacidad de respuesta institucional mediante reformas legales.

He sido respetuoso de la labor que ejerce el periodismo nacional, y de ello he dejado constancia en numerosos foros, escritos, opiniones, actuaciones individuales y, con mucha evidencia, en la política desarrollada en el Ministerio de Gobierno y Justicia, para convalidar los principios de la democracia, la libertad de expresión y fortalecer los derechos humanos.

De manera que entiendo muy bien la diferencia entre la búsqueda de la verdad, que es lo que ennoblece el oficio periodístico y la actitud obstinada por desacreditar a quien, como yo, ha tenido la responsabilidad política de atender una extensa cartera ministerial y por lo cual, por meses, he sido víctima de ataques periodísticos más allá de la objetividad que este ejercicio debe tener.

Empezaron colgándome botas en las viñetas y lo asumí como actitud propia del periodismo gráfico, cuya virtud es exagerar con humor. Cuando así lo acepté, entonces pasaron a la diatriba. Pontífices de opinión, que en unos casos son dueños del poder económico y mediático en este país y en otros son los “ventrílocuos del pueblo”, orquestaron una campaña de cargas y descargas insultantes para enlodar el propósito de concretar la Política de Seguridad Democrática Integral orientada por el presidente Martín Torrijos.

Seguí pensando que es natural y hasta conveniente que quienes asumen su rol de contradictores en una sociedad democrática se expresen de diversas maneras, pues es también su derecho y a la vez la posibilidad de que la opinión nacional elabore sus propios juicios de valor.

Como no quedaron satisfechos, avivaron el ambiente pre-electoral y estrecharon alianzas con sectores políticos para tratar de contener los logros del Gobierno y socavar la popularidad bien ganada del presidente, y creyeron que yo era su flanco oportuno.

De modo que con su poder mediático y económico han querido convertir el debate electoral en un regreso al pasado que ya no existe, y han acudido al terror psicológico, obnubilando a algunos sectores de la Nación panameña respecto a que debo ser relevado de mi cargo.

Entiendo que es el precio que me ha correspondido pagar por ser ministro y querer hacer las cosas bien, conforme a la ley y al espíritu de democracia y progreso alcanzado en Panamá en los últimos años. Pero me parece que es tan grave y doloroso el suceso con el cual se quiere enlodar mi honor, como la infamia misma con la que ha sido utilizado.

Por eso, asumo con gallardía esta nueva prueba al temple de mi espíritu en esta vida pública. Lo demás son asuntos legales, que sabré dirimir con quienes tienen que asumir su responsabilidad frente a la infamia, y que parapetados en sus poderes económicos y mediáticos andan desesperados por alcanzar el poder político.