El pueblo en las calles luchando

El pueblo panameño sigue en las calles, exige respeto a sus demandas de disminución de precios de la canasta básica de alimentos, el precio del combustible y los medicamentos, aumento general de salario, 6% del PIB para educación, abastecimiento de medicamentos para la CSS y otras reivindicaciones que fueron planteadas en los 32 puntos planteados en mayo por la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Multitudinarias marchas se han hecho sentir en todo el país, contundente la expresión de la marcha en la ciudad de Panamá los días 12 y 13 en medio de la huelga de advertencia de los miembros del Suntracs, educadores y otras organizaciones.

El pronunciamiento de 24 segundos del presidente Cortizo, en medio de una de las peores crisis nacional, no llenó las expectativas de un pueblo que es sometido cada vez más a medidas de política económica neoliberal que pauperizan sus condiciones de vida, que lo mantiene en una de las tasas de desempleo e informalidad más alta de los últimos años, que vive una tasa inflacionaria que supera el 4%, que sufre niveles de mal nutrición, más de medio millón de panameños se acuestan sin comer, que ve reducido su capacidad de compra producto de los altos precios y bajos salarios, que es desalojado violentamente de sus viviendas; infraestructura escolar y hospitalaria totalmente deteriorada, sin hacer efectivo el 6% del PIB para educación, falta de medicamentos y altos precios de los mismos, . Ello provoco un descontento general ante propuestas engañosas. Las supuestas propuestas no son concretas, ni reales, en lugar de permitir al pueblo humilde y trabajador enfrentar la grave crisis, se sigue haciendo recaer el costo de la crisis sobre trabajadores, profesionales, pobladores, pequeños productores, pescadores, transportistas, campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes. Paralelamente se reciben mensajes de intimidación y en diversos espacios la represión por parte de la Policía Nacional se hace sentir.

La burla es de tal magnitud, que se exige una vez más al pueblo la llamada renta sustituta, amenazando con quitar becas, vale digital y otras transferencias sociales, mientras que a empresarios se les entrega millones de dólares sin ninguna condición (incentivo fiscal al turismo y tantos otros). Las supuestas medidas no tocan los millones de dólares de ganancias netas de las distribuidoras de combustible (rangos entre 15 y 35 millones de dólares en 2021). Impuestos del pueblo, el despido de funcionarios públicos (aproximadamente 27 mil) que sin duda no serán las planillas de la mesa de nombramientos que según algunos diputados funciona en el ministerio de la presidencia, serán las principales fuentes de financiamiento. Como hemos dicho este es un gobierno que quita al pobre para dar al rico.

En materia del supuesto congelamiento de precios de 10 alimentos, no dicen que la primera acción del gobierno en el 2019 fue reducir los productos de 22 a 14 (en el 2019), ratificar los 14 en 2021 y reducirlos a 8 en 2022. Es decir, en una relación lineal nos coloca por debajo del 2014, cuando se promulgo el Decreto Ejecutivo 165 que “congela el precio de varios productos”, que siempre fue insuficiente. Pero no solo es eso, la calidad de los 10 productos no se corresponde con lo plantado por el MINSA respecto a la canasta básica saludable. El congelamiento es sobre precios elevados, producto del incremento del combustible, pero sobre todo por la especulación y estructura oligopólica en la distribución, sobre ello no actúan. El pueblo ha planteado reducción y congelamiento de precios.

Como creer a un gobierno que en medio de la pandemia prometieron rebajarse los salarios y no lo hicieron, que aumentaron planillas tanto en el ejecutivo como en el legislativo (con familiares, socios y copartidarios, con salarios de miles de dólares). La lucha sigue, forjamos caminos para la unidad del movimiento social y exigimos propuestas verdaderas.

La solución a los graves problemas pasa por cambiar la economía para la muerte (política económica neoliberal) y levantar las bases para una asamblea constituyente originaria con plenos poderes que permita dar paso a la economía para la vida, a la justicia y equidad social, al pleno respeto de los derechos humanos.