¿Quién quiere ser funcionario?

N o es sólo el símil con el título del programa o la película de parecido nombre. Como en las pasadas elecciones un eslogan fue que ‘entran limpios y salen millonarios’, puede que tengan alguna relación ambos términos. El concepto ‘funcionario’ abarca a todas las personas elegidas o nombradas en cualquiera de los tres órganos del Estado, desde el más encumbrado hasta el más humilde. Así definidos: ¿Quién desearía ser funcionario? ¿Y por qué?

La decisión básica sería descartar el sector privado, ya fuera como asalariado o como empresario independiente, para preferir las condiciones del trabajo para el Estado. En un mundo ideal, si el móvil fuera una auténtica vocación de servicio al país, más que el deseo de ‘hacer plata’ con el menor esfuerzo, es justo que a la persona se le asegure estabilidad en el cargo y la posibilidad real de crecer profesionalmente y de ascender en la organización, al tiempo que reciba una remuneración decente y acorde con su función.

Ese modelo está previsto en nuestra Constitución y en nuestras leyes en la forma de una Carrera Administrativa y una Ley General de Sueldos para el sector público. Pero en la vida real los esfuerzos oficiales no han pasado mucho más allá de ilusorios enunciados; por eso nos quejamos de la costosa e ineficiente burocracia que, lejos de facilitarnos la vida, parece que se erige como permanente traba a las actividades particulares de los ciudadanos de este país.

La historia acredita al presidente Arnulfo Arias el establecimiento en 1941 de un servicio público basado en el mérito, no en el clientelismo o amiguismo. La iniciativa se continuó desarrollando, aunque con imperfecciones, hasta que en 1969, al margen de la carrera administrativa, se autorizó un sistema de nombramiento de personal sin concursos. El sistema se reintrodujo tres años después, en 1972; pero no fue hasta 1994, en las postrimerías de la administración Endara, cuando se aprobó el cuerpo legal que hoy es la base teórica del sistema de servicio civil.

Pero la tendencia desde entonces ha sido crear condiciones de inestabilidad, evitando de esa manera poder competir en igualdad de condiciones con el sector privado, dejando de atraer a personas preparadas y capaces hacia el sector oficial. En efecto, funcionarios que han sido incorporados al sistema de carrera por un gobierno saliente, han sido descalificados por el gobierno entrante, creando con ello la inescapable percepción de que no existe voluntad política para mantener, como cuestión de Estado, un sistema de méritos en el sector público. No se elimina el clientelismo ni el amiguismo, porque prevalece el tratar de blindar la estabilidad de copartidarios y amigos frente al nuevo gobierno.

Así sucedió en 1999, 2004 y 2009. La última ley —43 de 2009— dejó sin efecto todos los nombramientos de carrera hechos desde el 2007 —aproximadamente 27,000— y se dio un plazo de tres años, que vence el próximo 31 de julio, durante el cual se autoriza el nombramiento de funcionarios sin la condición de servidores de carrera; luego, sólo se podrá ingresar mediante el proceso ordinario de ingreso de la ley de 1994.

Existe un nuevo proyecto de ley para reformar la carrera administrativa y, aunque se aduce que pretende blindar la estabilidad al funcionariado e incorporar nuevas unidades eficientes entre los más de 160,000 empleados públicos, no deja de causar inestabilidad y preocupación en el sector, porque la práctica hasta ahora no ha sido consecuente con las buenas intenciones de 1994.

¿Quién quiere ser funcionario? En las actuales circunstancias, quien tenga padrino y no le importe la inestabilidad del cargo.

EXDIPUTADA DE LA REPÚBLICA.