Ni reformas laborales lesivas ni códigos paralelos

En el período de 1986-1989, de crisis económica, social y política, de la sanciones norteamericanas e invasión a Panamá, los empresarios aprovecharon el momento para profundizar las medidas neoliberales en materia laboral. Fue el período de despidos masivos sin reconocimiento de prestaciones laborales, de reducción salarial y pago en especie a los empleados, vacaciones forzadas y licencias sin sueldos, acciones contra la estabilidad laboral, y no pago de contribuciones al fisco. Un período donde, de “hecho”, se reforma y hasta se desconoce el Código de Trabajo. Para los empresarios, sobre todo para quienes controlan el poder económico, que no se alejaron del régimen militar de Noriega y que a la vez acataban directrices norteamericanas, fue ganar-ganar. El resultado, un desempleo global del 16 % (extraoficialmente se planteaba que llegó al 25 %), la pobreza crítica aumentó del 33 % al 40.2 %. Es decir, fue el pueblo humilde y trabajador el que cargó el costo de la crisis.

Con los Gobiernos posinvasión (siete a la fecha), todos, de una forma u otra, declarados empresariales y neoliberales, se insiste en implementar medidas para flexibilizar aún más las condiciones laborales. Un punto central de ello, 1995 imposición a sangre y fuego (brutal represión, centenares de detenidos, cuatro muertos) de las reformas al Código de Trabajo (Ley 44), que allana el camino de un creciente proceso de informalidad laboral. Se suma a ello, un proceso de “Leyes Especiales” que violentan el Código. Resultado, al 2019, una tasa de informalidad laboral del 44.9 %, algo que también se registra en empresas del sector formal (93 221 trabajadores), y una creciente tasa de desempleo (7.1 %). Como se ha demostrado, un proceso de precariedad laboral en medio del crecimiento económico (salarios que no cubren el costo de la canasta familiar y en el caso del salario mínimo (37 % de los obreros perciben salario mínimo), muchos no logran cubrir el costo de la canasta de alimentos, en niveles alarmantes de pobreza (17 % de los asalariados son pobres), y la obtención de gran riqueza por parte de los empresarios.

En tiempos de coronavirus, los resultados del modelo neoliberal y las medidas de urgencia adoptadas han sido atroces para el pueblo. En medio de la COVID-19, el Gobierno y los empresarios mandaron a los trabajadores para sus casas al confinamiento, sin un solo centavo, 284 mil trabajadores con contratos suspendidos a nivel nacional quedaron desamparados. Un cúmulo de decretos y leyes violatorias al Código de Trabajo y a Convenios Internacionales (Conusi ha interpuesto seis (6) procesos ante la Corte Suprema de Justicia). Resultado: la clase obrera panameña está sumida en el desempleo (18.9 %), informalidad laboral (60 %), e inseguridad laboral.

Aproximadamente un 25 % de pobreza a nivel nacional, mientras la patronal sigue amasando cuantiosas ganancias como producto del proceso de sobreexplotación que parecen retrotraernos al siglo XIX.

Conusi ha venido desarrollando un conjunto de acciones tendientes a defender los derechos de los trabajadores frente a normas y leyes que violentan conquistas alcanzadas en la lucha por el movimiento obrero. No aceptaremos ninguna reforma al Código de Trabajo que conculque nuestros derechos ni aceptamos Códigos Paralelos (Leyes Especiales), que han generado más desempleo e informalidad.

Advertimos que el discurso de “reforma laboral para generar empleo”, esgrimido por la patronal y los Gobiernos, ya no estira más, es otro engaño que quieren imponernos.

Dejamos claro que no aceptaremos, bajo ningún pretexto ni condición, que se impongan más medidas lesivas a los intereses de la clase obrera y a favor de la patronal. En las calles defenderemos los derechos que hemos alcanzado con sangre y sudor. Denunciamos las pretensiones de seguir flexibilizando el Código de Trabajo, tal como pretenden derivarse de “acuerdos” en el mal llamado “Pacto del Bicentenario”. Llamamos a redoblar los esfuerzos de organización, movilización y unidad.