Río Indio: la hora de la verdad sobre el interés público

La semana pasada el administrador del Canal de Panamá calificó el proyecto del río Indio como impostergable. Nadie discute su necesidad, pero lo que sí está en debate es cómo se hará y bajo qué garantías. ¿Será una obra que una al país en torno al agua o un nuevo frente de conflicto social?

En paralelo, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 91-25 que declara de interés público el proyecto llevado por la Autoridad del Canal de Panamá para la construcción de un reservorio multipropósito en la cuenca del río Indio. Por ende, —como señaló el ministro para Asuntos del Canal—, “todas las instituciones del Estado deben colaborar para que el proyecto del lago del río Indio se desarrolle correctamente. Atendiendo de forma más eficiente y expedita las necesidades de las comunidades en función de las distintas necesidades que implique el proyecto del lago en el área”.

Antes de seguir adelante, vale subrayar de entrada que un proyecto de interés público es aquel que busca satisfacer necesidades colectivas, generar bienestar social o contribuir al desarrollo de la comunidad, más allá de los beneficios individuales o privados. Su esencia está en que el beneficio principal recae sobre la sociedad en su conjunto.

Aceptando que el proyecto es necesario, los ciudadanos debemos fiscalizar que las compensaciones para las comunidades afectadas sean acordes y cónsonas con la realidad económica y social del país.

Para ayudarnos en ese sentido, comparto a continuación algunas condiciones que deben cumplirse para que este megaproyecto cumpla con la promesa de ser un proyecto de interés público: que beneficie a la sociedad, sea sostenible, transparente, equitativo y responsable. Y no se convierta en una fuente de conflicto y desconfianza.

Lo primero es reconocer su finalidad social. El nuevo reservorio promete garantizar agua para más del 50% de la población panameña, además de abastecer hospitales, escuelas, comercios y, por supuesto, asegurar la operación confiable del Canal.

La promesa es ambiciosa: más de 2.700 empleos directos, según estimaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y un impacto económico que podría dinamizar a las comunidades locales. Sin embargo, el reto está en convertir esas cifras en beneficios tangibles y equitativos para todos.

La intervención estatal es otro requisito ineludible. El financiamiento debe provenir de fondos públicos y estar claramente documentado, de modo que cada balboa invertido sea trazable. No basta con destinar recursos: el proyecto debe integrarse a los planes nacionales de seguridad hídrica y desarrollo sostenible, asegurando coherencia entre el discurso de país y la práctica real.

La transparencia y la participación ciudadana serán obligatorias. De nada sirven las promesas si la población percibe que las decisiones se toman a espaldas de las comunidades. Por eso urge robustecer los canales de comunicación: oficinas de información en terreno, reuniones comunitarias, uso de medios locales y digitales. Además, el Estado está obligado a cumplir con el Acuerdo de Escazú —ratificado por Panamá mediante la Ley 125 de 2020—, garantizando participación informada, efectiva y no meramente formal.

El marco jurídico también debe ser sólido. El proyecto tiene que ajustarse rigurosamente a las normativas nacionales e internacionales, respondiendo a las demandas constitucionales y ambientales ya interpuestas. La resolución ACP-JD-RM 25-1542, aprobada por la Junta Directiva de la ACP y los estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de Categoría III, son piezas centrales, deben cumplirse y traducirse en confianza. De nada sirve ratificar tratados o aprobar resoluciones si al final su cumplimiento se reduce a formalidades burocráticas.

Otro aspecto fundamental es la sostenibilidad ambiental. No podemos limitarnos solamente a cumplir un trámite de impacto, es obligatorio implementar un monitoreo continuo que mida la calidad del agua, la biodiversidad y los impactos sociales. Los estudios de línea base ambiental que la ACP desarrolló entre 2017 y 2019 en la cuenca del Río Indio y sus alrededores —que ya documentaron biodiversidad, dinámica hídrica y condiciones sociales de la cuenca—, deben ampliarse con campañas educativas participativas que vinculen a la ciudadanía en el cuidado del futuro lago.

La justicia social es quizá el tema más delicado. Más de 500 familias deberán ser reasentadas y es allí donde se sabrá si el interés público es real o un discurso político. El Plan de Reasentamiento debe ejecutarse de manera participativa y sin apuros, asegurando que las familias se ubiquen en condiciones iguales o mejores a las actuales, con acceso a tierras, servicios, cultura y medios de subsistencia. Forzarlas a vivir en barriadas urbanas que no eligieron, desconectadas de su modo de vida, sería incompatible con el prometido interés público.

El desafío es claro: que el proyecto del río Indio se ejecute con transparencia —definiendo métricas claras y rendición de cuentas—, sostenibilidad y justicia. Si el Estado cumple con estas condiciones, Panamá podrá demostrar que es capaz de transformar una necesidad urgente en una obra de auténtico interés público y en un legado para las próximas generaciones.