Se cierra una puerta y se abre otra

Durante muchísimos años las mujeres feministas y comprometidas con el derecho de las mujeres, reclamamos la creación de un Ministerio de la Mujer. El reciente anuncio de su eliminación no nos cogió por sorpresa.

El Ministerio nació enclenque, desvalido, en un momento político en que se usó como uno de los últimos botines políticos frente a la campaña electoral de 2024. Durante los 3 años de su existencia se hizo evidente que de ese espacio —el que tanto anhelábamos— no había salido absolutamente nada que pudiera anotarse como un logro en la defensa de los derechos de las panameñas.

Ni una ley, ni un proyecto que atendiera los temas de discriminación, desigualdad, pobreza y creciente violencia encontró en esta institución del Estado un aporte positivo o una iniciativa valiosa. Más si hubo salarios generosos para quienes ocuparon los principales cargos y una planilla que sirvió para alimentar las aspiraciones políticas del candidato del partido gobernante, con un presupuesto anual de entre 6 y 8 millones de dólares.

Necesitamos una institución pública que atienda con carácter de urgencia las necesidades que nos agobian: el desempleo, el acoso, la violencia de género, la creciente informalidad laboral femenina, que ubica a miles en una precariedad permanente, como son los contratos laborales de almacenes con una duración de 3 meses y al ser despedidas no recibir una compensación, más pueden ser recontratadas nuevamente pasados 3 meses, evadiendo así la legislación laboral.

Además, las decenas de miles de trabajadoras domésticas que carecen de seguro social, siendo una ley establecida y los crímenes violentos, incluyendo la desaparición de niñas y jóvenes, igualmente de los femicidios cometidos con saña asombrosa.

Si bien es verdad que hemos perdido una institución también lo es que la misma fue ineficaz y declarar que la desaparición de esta es casi comparable a la pérdida del voto femenino, no es solo una ridícula exageración sino una mentira.

A todo lo largo de la vida republicana hemos luchado sin descanso. Primero, por la obtención del voto en 1946, luego está la protección de la maternidad, la escolaridad obligatoria, el acceso de las mujeres a todas las posiciones y cargos garantizados en las leyes y la tipificación de la violencia intrafamiliar como un delito, separándolo del delito de lesiones personales.

Puedo añadir la ley de igualdad de oportunidades, la ley que permite a la mujer mantener su apellido de soltera, la derogación de 11 artículos del Código Civil increíblemente denigrantes y obsoletos, la modificación de la ley que establecía las causales de divorcio, en esos años siendo la primera causal el adulterio de la mujer y, la segunda, el concubinato escandaloso del hombre. La ley de paternidad responsable permite a una soltera embarazada al momento de dar a luz declarar bajo juramento el nombre del padre de su hijo o hija y, permitir de manera expedita, el reconocimiento de la paternidad.

El derecho de las niñas menores embarazadas a asistir a la escuela, la ley de femicidio, el derecho de las jubiladas a acceder a la pensión de viudez sin tener que escoger entre una y otra. La reforma del régimen de seguro voluntario de la CSS para incorporar a las personas que se dedican a la atención de su familia a tiempo completo y podría seguir añadiendo conquistas y logros que se dieron antes de que existiera el Ministerio y, que demuestra, sin lugar a duda la voluntad política de todo lo que se podía hacer. Así como el reclamo de la paridad en las nóminas electorales de los partidos y en los altos cargos por designación, como es el gabinete.

Si todo esto pudo conseguirse sin un ministerio, podríamos esperar que la creación de uno conseguiría aún con más para atender con rapidez todas las necesidades y problemas, enumerados anteriormente.

El presidente José Raúl Mulino se ha comprometido a no abandonar la institucionalidad y aprobar la creación de un instituto cuya dirección se escoja mediante una terna con postulantes que cuenten con la idoneidad y la experiencia profesional sobre los asuntos que se deben atender; de mantener los albergues y centros de atención existentes antes del ministerio y asignar los recursos necesarios para permitir su desarrollo y garantizar un avance en la formulación de leyes y políticas públicas tan importantes.

A estas alturas enfrascarse en una pelea de acusaciones, condenas y en la defensa de intereses particulares, bien pueden hasta ser legítimos, no nos conducirá a ninguna parte. Hoy, con varias compañeras comprometidas de manera efectiva y comprobable con la causa feminista, preferimos proponer y construir.