• 28/07/2025 00:00

Suntracs vs partidos políticos: subsidios, violencia y doble moral

En Panamá, el debate sobre los subsidios estatales y la violencia en la vida pública suele estar cargado de contradicciones. Un caso llamativo es la constante crítica que recibe el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) por su financiamiento y su participación en protestas, mientras que los partidos políticos —frecuentemente involucrados en escándalos de corrupción— son beneficiados con subsidios mucho mayores y parecen gozar de una tolerancia distinta ante sus propios actos de violencia.

Subsidios: ¿Quién recibe más?

Suntracs recibe un subsidio del Ministerio de Trabajo, generalmente destinado al funcionamiento de organizaciones sindicales reconocidas legalmente. Sin embargo, este monto es considerablemente menor en comparación con los fondos que el Tribunal Electoral entrega a los partidos políticos, tanto por financiamiento público directo como por el reembolso de gastos de campaña.

Mientras el sindicato es duramente señalado por recibir fondos públicos, no se aplica el mismo nivel de escrutinio a los partidos, incluso cuando muchos de ellos han sido investigados —y algunos condenados— por casos de corrupción. Es válido preguntarse: ¿por qué el doble rasero?

¿Y la violencia?

Cuando se habla de violencia, Suntracs suele ser el blanco principal debido a sus protestas callejeras, que en ocasiones terminan en enfrentamientos o bloqueos. No obstante, vale recordar que estas manifestaciones suelen estar motivadas por temas laborales, leyes regresivas o contratos lesivos al interés nacional. Aunque el uso de la fuerza no debe ser normalizado, tampoco puede ignorarse su contexto.

Paradójicamente, la violencia también está presente en el actuar político. Tan solo ayer, fuimos testigos de un altercado físico entre dos diputados dentro del mismo Parlamento. Esos hechos también constituyen violencia, y, sin embargo, no generan el mismo rechazo social o cobertura mediática que una protesta sindical.

Doble moral institucional

El Estado panameño parece aplicar distintos criterios según quién protagonice los hechos. Un sindicato que protesta por derechos laborales recibe condena y estigmatización. En cambio, partidos políticos que desvían fondos, manipulan procesos y protagonizan escándalos éticos siguen siendo financiados por el erario y defendidos por el sistema.

No se trata de justificar la violencia de ninguna de las partes, sino de poner en evidencia una clara incoherencia: se demoniza al movimiento sindical por recibir fondos públicos y ejercer presión social, mientras se normaliza que partidos cuestionados reciban millones en subsidios y mantengan privilegios sin consecuencias.

Si queremos hablar de transparencia, justicia y equidad, debemos aplicar los mismos estándares para todos los actores políticos y sociales del país. Cualquier otra cosa es simplemente hipocresía institucionalizada.

*El autor es abogado
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