Se fue un 2023 de lucha y recibimos un 2024 con retos que nos llaman a la unidad

Al iniciar el nuevo año, es válido hacer un recorrido por las actividades más importantes que se realizaron, ver los aprendizajes y observar lo que nos espera para el 2024. Deseamos que el 2024 sea un año en el cual se concluyan y se obtengan logros para el movimiento sindical, para la ciudadanía y para las y los trabajadores.

Las organizaciones sindicales son el medio, la herramienta que tienen las y los trabajadores para defender sus derechos de manera organizada y colectivamente. Estos derechos van desde el ajuste salarial, la propia organización sindical, los convenios colectivos donde el trabajador o trabajadora negocia con el empresario mejoras a su salario a las condiciones laborales, donde se conforma el comité de empresa para tratar los problemas que se suscitan a nivel laboral, así como la defensa de los derechos de la ciudadanía como el derecho a un trabajo digno con un salario justo, para todas y todos, el derecho a tener condiciones para una vida saludable, y con la satisfacción de los servicios básicos como el agua, educación, salud, transporte, vivienda, entre muchos otros. He allí la razón por la cual se sataniza al movimiento sindical.

El año 2023 estuvo colmado de demandas de comunidades que requerían algunas o varias de estas demandas antes indicadas.

Muchas de esas demandas nacionales continúan como la lucha por la vuelta al Sistema Solidario en la Caja de Seguro Social. Es así que en el 2023 las y los trabajadores presentamos una propuesta de Ley Integral, a la Asamblea Nacional de Diputados, la cual fue prohijada y se estableció como proyecto de Ley 748. Este documento fue presentado por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) en Bocas del Toro, en el Sindicato Industrial de Trabajadores del Banano (Sitraibana), se presentó en Colón, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Herrera. Nos quedan las otras provincias no mencionadas. En el 2024 esta es una de nuestras demandas que debemos exigir, hasta lograr un Seguro Social Solidario, Humano. La Seguridad Social es un derecho humano y como tal lo tenemos que defender al servicio del pueblo panameño.

La población panameña ha sido engañada, ha tenido un sinfín de promesas incumplidas. Por ejemplo, la promesa de empleo, frente al 24% de los jóvenes que no tienen trabajo; el desmejoramiento de las condiciones de vida de la población; el alto costo de la vida; los altos índices de corrupción; la carencia que tienen un millón de panameños y panameñas que no puedan satisfacer necesidades básicas como la alimentación, siendo que un millón de panameñas/ños viven con hambre. Todo esto es una vergüenza para un país que tiene el crecimiento económico más alto de la región. Ligado a ello, tiene una evasión en impuestos de más de cuatro mil millones de balboas. El sector empleador que no paga los impuestos le quita la posibilidad al millón de panameños que no puede alimentarse como debe ser.

Estas condiciones fueron parte de las razones que llevaron al pueblo panameño, cansado de engaños, a levantarse de manera unitaria, a rechazar el leonino contrato minero.

Un contrato que establecía un enclave colonial en la provincia de Colón, un contrato aprobado en la asamblea, sancionado por el Presidente, y publicado en Gaceta Oficial en menos de un día. Esto llevó a que diversos sectores de la sociedad, docentes, trabajadores, profesionales del derecho, mujeres, jóvenes, campesinas, campesinos, indígenas, lancheros y profesionales de diversos sectores, de una costa a la otra, rechazara de una manera contundente la Ley 406 y logrando el resultado histórico de la lucha, la pronta declaratoria de inconstitucionalidad del contrato. Frente a la lucha ciudadana, se tuvo la represión por parte del gobierno, el asesinato de dos educadores Abdiel Díaz, Tomás Cedeño y el trabajador Iván Rodríguez, los procesos de judicialización que se le ha seguido a decenas de compañeros y compañeras. La medida represiva de cierre de las cuentas en la Caja de Ahorros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), y la cuenta de la Cooperativa. Siendo estas medidas totalmente arbitrarias e ilegales cuyo único objetivo es impedir intimidar a las y los trabajadores.

A quienes hay que judicializar por 25 violaciones a la Constitución Política de nuestro país, es a los 45 diputados, que aprobaron el contrato sin leerlo, pero además violaba la Constitución, al presidente y ministros de Estado, que lo aprobaron y lo presentaron a la Asamblea. Y a todos los que en el 2017, pese a que la Corte declaró inconstitucional el contrato, permitieron que la Compañía Minera siguiera funcionando ilegalmente, sacando oro, cobre, y todos los minerales que encuentre. A ellos hay que enjuiciarlos.

Nos quedan tareas pendientes para el 2024. Entre ellas, el plan de cierre de la mina y conocer cuánto se ha llevado la mina en sus seis años, ya que tiene que pagar lo que se ha llevado y como fue la compañía la que destruyó y contaminó nuestros recursos naturales, debe responder y pagar por ello.

Que en este nuevo año mantengamos la unidad para lograr estas y otras tareas. Felicidades a todas y todos en este año 2024.