Seguridad alimentaria y nutricional sostenible en Panamá

A principios de este mes, la Cepal, junto con la FAO y el PMA, presentaron un nuevo Informe Especial conjunto titulado “Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial”, en el cual llaman a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y extender su alcance en el área rural para responder al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza extrema, y apoyar la producción de alimentos en la región.

A primera vista, muchos panameños podríamos pensar que, “esto no es con nosotros”, pues _según el Ministerio de Economía y Finanzas _ mantenemos muy buenos indicadores de crecimiento económico, así como un aumento sostenido de la ocupación y una tendencia a la baja de la inflación.

Aunque reconozco la veracidad de lo manifestado arriba, y felicito nuestro esfuerzo público, privado y social; no podemos dejarnos encandilar por el brillo de los macroindicadores que mantenemos, y perder de vista que son promedios nacionales que ocultan la injusta desigualdad que nos caracteriza, y causa que aquí también enfrentemos al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza extrema, y apoyar la producción de alimentos en todo el territorio.

Lo anterior no es una declaración sin fundamento. En nuestro país la pobreza multidimensional afecta a cerca de un millón de panameños. Es de esperar que los ingresos monetarios de esas familias no llegan a cubrir la mitad del costo calórico de la canasta básica familiar por mes. Por lo tanto, no parecen estar en capacidad de protegerse contra el hambre y, muy probablemente, la están padeciendo de forma ocasional o permanente. De hecho, según cifras oficiales, cerca de 250 mil panameños se acuestan con hambre cada noche.

Además, esa pobreza multidimensional se incrementa por el contexto de sucesivas crisis internacionales, incluida la guerra en Ucrania y por la amenaza a la salud pública y a la economía que plantea la sexta ola de COVID-19, ocasionada ahora por nuevas cepas del letal microbio, más contagiosas y capaces _según algunos estudios_ de evadir nuestras defensas y causar más enfermedad grave, hospitalizaciones y muertes.

En ese contexto, es obligatorio subrayar la necesidad de fortalecer las estrategias para superar la injusta desigualdad, alcanzar el desarrollo para todos en todos los lugares, acabar con la inseguridad alimentaria y nutricional, mitigar en serio la pobreza multidimensional arriba mencionada y erradicar el hambre en todos los hogares panameños. La publicación mencionada al inicio nos ofrece argumentos que debemos considerar, veamos algunos de ellos.

Para comenzar, señala el documento, en un escenario regional donde la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional y donde diferentes crisis se están sumando a inequidades estructurales profundas, los sistemas de protección social, incluyendo los programas nacionales de alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de las crisis.

En ese sentido, las tres agencias citadas antes hacen un llamado a fortalecer los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares; y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes. Este fortalecimiento de los sistemas de protección social contribuirá al fortalecimiento de la producción agrícola para enfrentar con éxito el desafío de combatir la inseguridad alimentaria y, por ende, la pobreza y el hambre.

No será tarea fácil, pues, como señala el texto citado, a pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, América Latina y el Caribe _y, por ende, Panamá_ está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania.

Por ello, recomienda el informe, garantizar también el acceso de los pequeños productores a los fertilizantes y biofertilizantes. Es una medida necesaria y válida, si se focaliza en los productores que más lo necesitan y se condiciona a la mejora de la eficiencia en el uso de estos insumos y de la sostenibilidad de la actividad agropecuaria. El financiamiento de esas iniciativas debe incluir no solo los presupuestos públicos, sino también a los bancos de desarrollo, la banca privada (con la creación de mecanismos de garantía) y otras alternativas de financiamiento internacional como los bonos verdes y sociales.

Finalmente, el informe enfatiza que la complejidad y la magnitud de las políticas que se requieren para conciliar las respuestas de emergencia con la reducción de problemas estructurales y fiscales demandan la coordinación en diversas áreas —macroeconómica, social y productiva— y la articulación de las respuestas a nivel regional.