Separación de poderes: la oportunidad histórica de la nueva Asamblea

La democracia panameña enfrenta hoy un momento crucial. La reciente elección de una nueva directiva de la Asamblea Nacional, compuesta por diputados de la oposición, abre una oportunidad única para comenzar a restaurar uno de los principios fundamentales de cualquier república democrática: la separación de poderes.

Durante los últimos años, este principio se ha visto gravemente erosionado en nuestro país. La práctica política ha privilegiado el control y la subordinación institucional, antes que el equilibrio, el respeto mutuo y la independencia funcional entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto ha debilitado la rendición de cuentas, ha sembrado desconfianza entre los ciudadanos y ha generado un terreno fértil para la impunidad.

La separación de poderes no es una mera formalidad constitucional. Es un mecanismo esencial para evitar el abuso de poder, proteger los derechos ciudadanos y garantizar que ninguna autoridad actúe sin límites. En una democracia sana, el poder Legislativo debe fiscalizar al Ejecutivo, proponer leyes con independencia y representar los intereses de la ciudadanía. El Judicial, por su parte, debe actuar con autonomía para garantizar justicia, incluso frente a los actos del poder político.

En Panamá, sin embargo, ese equilibrio ha sido la excepción y no la norma. En distintos períodos, la Asamblea Nacional ha operado como una extensión del Ejecutivo, más preocupada por proteger intereses partidistas o personales que por cumplir su función de control. El Judicial, por su parte, ha sido blanco constante de cuestionamientos por su lentitud, su parcialidad y su falta de independencia, atribuida en gran parte al proceso politizado de designación de sus magistrados.

La llegada de una directiva opositora a la Asamblea representa un cambio de escenario que, bien gestionado, podría abrir el camino hacia una recomposición institucional saludable. Pero para que esto sea así, la oposición debe asumir con responsabilidad y visión de Estado su nuevo rol, actuando con honestidad, rectitud y coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.

No se trata simplemente de obstaculizar al Ejecutivo, como muchas veces ocurre en contextos de cohabitación entre poderes enfrentados. Se trata de ejercer una fiscalización firme pero constructiva, de elevar el nivel del debate legislativo y de devolverle a nuestra Asamblea Nacional su dignidad, independencia y utilidad democrática.

Nuestro Cuerpo Legislativo debe dejar de ser percibido como una institución al servicio de clientelismos, repartos y pactos ocultos. Esta nueva directiva tiene la oportunidad —y la obligación histórica— de abrir sus puertas al escrutinio ciudadano, de aprobar leyes útiles y bien debatidas, y de enfrentar con seriedad su función fiscalizadora, sin caer en revanchismos.

En fin, esta coyuntura política que coincide con el inicio del segundo año de un gobierno con escasa aprobación popular, enfrenta una institucionalidad debilitada, altos niveles de desconfianza y una ciudadanía vigilante.

No obstante, los panameños esperamos que las propuestas de esta nueva directiva respondan a los tres elementos obligados de la ética pública: probidad en el uso de los recursos públicos (es decir, transparencia y cero tolerancia a la corrupción), equidad en sus modalidades de operación (que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan) y eficiencia en su manejo (garantizando que cada acción tenga impacto real en el bienestar colectivo).

No puede ser de otro modo. La Asamblea tiene ante sí al menos cuatro debates urgentes que no pueden seguir postergándose: una reforma integral del sistema de justicia, que garantice la independencia de los jueces y fiscalizadores; la creación de normas claras y transparentes para la designación de magistrados y otros altos funcionarios; la revisión, altamente participativa y sin agendas, de la Ley 462 de la CSS y; la revisión de contratos públicos, concesiones y licitaciones, especialmente en sectores estratégicos como energía, minería y transporte.

Además, sería oportuno que esta nueva Asamblea impulse una agenda de reforma constitucional para blindar legalmente la autonomía de los poderes del Estado y garantizar mecanismos más equilibrados de nombramientos, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Lo cierto es que hoy, con una directiva opositora al Ejecutivo, ya no hay espacio para justificar la subordinación del Legislativo a la “correlación de fuerzas” o a los “acuerdos políticos necesarios”. Están obligados a convertirse en el verdadero contrapeso democrático que necesitamos, sin desperdiciar una de las pocas oportunidades que hemos tenido para recomponer la institucionalidad del país.

No se trata de sembrar conflicto entre poderes, sino de restaurar el equilibrio y el respeto institucional que toda democracia necesita. La ciudadanía espera una Asamblea que represente, que fiscalice y que legisle con transparencia, no un nuevo frente de confrontación estéril.

En definitiva, los panameños necesitamos con urgencia reconstruir la confianza en nuestras instituciones, y la separación de poderes es el primer paso en esa dirección. La nueva directiva de la Asamblea Nacional tiene una oportunidad histórica de devolverle al país una institucionalidad creíble, fuerte y democrática. El reto es enorme, pero la responsabilidad es aún mayor. Esperemos que estén a la altura.