El pueblo sigue sin respuestas

Finaliza el año y las vicisitudes que padece el pueblo panameño siguen profundizándose ante la falta de respuestas reales a las demandas sociales. Así, noviembre y diciembre se han constituido en meses de zozobra ante la política de despidos de funcionarios públicos; sin embargo, se mantiene la burocracia estatal (incluyendo a perredés de cuello blanco) y se separan partidas presupuestarias para enquistar la nueva burocracia, tal es el caso de la CSS, donde se han creado puestos por encima de las estructuras de personal con jugosos salarios (6000 balboas mensuales).

Nuevamente este fin de semana aumentó el precio del combustible, sin que haya autoridad que ponga coto a los desmanes de concesionarios y distribuidoras; en un mercado de por sí oligopólico.

Como era de esperar la patronal rechaza aumentar el salario mínimo, so pretexto de que ello generaría inflación y desestabilización de las empresas. Lo cierto, para la patronal, ya sea en tiempos de bonanzas o de crisis, nunca hay condiciones para aumentar los salarios, a pesar de las ganancias que reciben. Un gobierno patronal, que defiende sus intereses de clases, y una representación obrera (CONATO), incapaz y entreguista, preparan el camino para que una vez más se burle a los trabajadores en sus aspiraciones de que el salario logre al menos cubrir el costo de la canasta básica familiar y propenda a una vida decorosa.

Ya se discuten en el Palacio de las Garzas las reformas tributarias, que amenazan con elevar el impuesto del ITBMS (conocido como 5%) a un 8%, lo que significa un encarecimiento del costo de la canasta familiar, cuyo precio a septiembre de este año rondaba los 1034.30 balboas. Recordar que este es un mandato de las IFIÁ´s (política neoliberal), que prefiere gravar el consumo (porque de alguna manera todos consumimos), que el gravar el ingreso (porque cada vez los salarios son más bajos y aumenta la población que no percibe salarios). Recordar que ello provoca que los que menos ingresos tienen terminen pagando proporcionalmente más.

Se sigue con la política de degradación ambiental: expulsiones violentas contra la población indígena y campesina que cuestiona los proyectos hidroeléctricos, aumento del número de hectáreas destinadas a exploración y explotación minera, continuidad del fomento de los llamados proyectos turísticos residenciales, la acciones de deforestación por parte de grandes empresas, la falta de una política ambiental que garantice la defensa del ecosistema.

Los problemas de seguridad ciudadana siguen sin resolverse, ante acciones de un ministro (José Mulino) que fomenta la violencia al “ justificar el uso de la fuerza y no de la inteligencia para erradicarla ”, y que declara que “ ninguna persona muere por salir de la Iglesia ”, olvidando que las muertes no solo han sido entre pandilleros o por ajustes de cuentas, hay varias víctimas infantiles que han encontrado la muerte por la inseguridad, tal es el caso del barrio de El Chorrillo.

Como si ello fuera poco, el ministro se da a la tarea de no usar la inteligencia, sino la fuerza, para “ combatir el narcotráfico ”, por lo cual parece no darse cuenta de que esta política ha sido declarada como fracasada por diversos organismos internacionales. Siguiendo los dictámenes de la política norteamericana, siembra bases militares en el territorio nacional, iniciando con la base aeronaval en Isla Chapera, la cual es una base norteamericana, tal como ha dejado entrever el gobierno estadounidense, cuyo propósito es sentar rampas de agresión en Latinoamérica para agredir a los pueblos que luchan por la transformación social. Con esta acción, el gobierno está involucrando al país en una lógica guerrerista que no le conviene a la Nación. Este breve recuento de la realidad nacional nos hace preveer un nuevo año lleno de conflictos ante la injusticia social que impera en el país, lo que nos obliga a la urgente tarea de seguir organizándonos para enfrentar los embates de la continuidad de la política neoliberal, para rescatar las organizaciones populares de las seudo-dirigencias que claudican ante las prebendas.

Desde CONUSI estamos trabajando en estas tareas, impulsando la lucha por la sindicalización de los trabajadores del sector público, a los que se les ha restringido este derecho; presentando una propuesta de aumento de salario mínimo y no ajustes que no cubren la pérdida del poder adquisitivo y mucho menos proyectan los incrementos de precios; denunciando en las calles el entreguismo gubernamental al gobierno norteamericano al avalar los resultados del amañado e ilegítimo proceso electoral en Honduras y al permitir la instalación de bases militares en nuestro territorio.

*Secretario general del Suntracs.rologe54@yahoo.com