Siguen los trabajadores pagando la crisis de la COVID-19

El pasado 31 de diciembre de 2021, fue emitido el Decreto 74, que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional e indica “que consciente de la realidad existente en este período en que la economía mundial se ha visto afectada por la pandemia del COVID19, se ha considerado para ajustar el salario mínimo aquellas actividades económicas que han presentado algún nivel de recuperación en el año 2021 en comparación con el año 2019”.

Ante la necesidad de ajustar el salario a todas y todos los trabajadores, reiteramos una vez más que siguen las y los trabajadores pagando la crisis de la pandemia. Durante esta se les suspendieron los contratos laborales, hoy hay cientos de trabajadores que no han sido reintegrados a sus puestos de trabajo; se mantienen con jornadas reducidas; se han impuesto mutuos acuerdos, que no son tales, ya que les dicen “lo tomas o lo dejas”; cientos de mujeres no recibieron en el tiempo correspondiente el pago de su licencia de maternidad; se han despedido miles de trabajadores y trabajadoras. En algunos sectores, se mantiene el teletrabajo, sin el respeto de las condiciones laborales, que en el caso de las mujeres les ha triplicado el trabajo. Aunado a la explotación que trabajadores y trabajadoras de la banca, del comercio, de los restaurantes están viviendo, a quienes, ante la reducción de personal, se les ha recargado el trabajo. Así podríamos seguir enumerando las situaciones y condiciones en las cuales se encuentran las y los trabajadores actualmente.

El Decreto N.° 74 del 31 de diciembre de 2021, que establece el ajuste al salario mínimo, es otra medida que hace recaer sobre la espalda de las y los trabajadores la crisis producida por la pandemia. El ajuste del salario mínimo considerado en dicho Decreto solo beneficia a diez actividades de la economía, dejando por fuera a veintiún actividades y desconociendo lo establecido en el artículo 66 de la Constitución del país, que señala que cada dos años se debe realizar el ajuste al salario mínimo. Sin embargo, en quince períodos no se ha realizado el ajuste, teniendo el Estado panameño una deuda pendiente con el sector trabajador.

Por su parte, el Artículo 64 de la Constitución establece que “el trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa”. A varias áreas del sector empresarial, la pandemia les ha significado mayores ingresos, han redoblado sus ganancias, además han sido apoyados por el Gobierno, ya sea para estabilizar la banca, a los grandes productores, o por prestarles servicios al Estado directa o indirectamente mediante bonos (como el sector salud, supermercados, etc.) Desde las y los trabajadores planteamos que se apoyara a la micro y pequeña empresa con la condición de que no se despidiera a ningún trabajador. El supuesto apoyo ha sido un navegar sin brújula, y las y los compañeros trabajadores siguen en la incertidumbre.

Se requiere un aumento general de salarios mediante Ley y aplicación plena de los Convenios Internacionales ratificados por Panamá respecto al trabajo decente, además de la equiparación salarial entre el sector público y privado. A la par urge un verdadero sistema de regulación de precios de los productos de la canasta básica, que proteja al consumidor y a los productores, controlando los márgenes de ganancia de los intermediarios.

Las y los trabajadores no podemos seguir llevando sobre nuestras espaldas el peso de la crisis. Por ello hemos planteado un plan de emergencia nacional que le garantice a las y los miles de trabajadores desempleados una salida hasta tanto se puedan lograr las fuentes de trabajo que se han venido promoviendo en los discursos sin ser realidad.

Que no sigan muriendo panameñas y panameños por COVID-19, pero tampoco por hambre ni desnutrición, dadas las medidas adoptadas en beneficio de las minorías y en perjuicio de mayorías. Medidas que han incrementado los niveles de pobreza, de desigualdad, de injusticia social. El que Panamá deje de ser uno de los seis países más desiguales del mundo y el tercero de América Latina, depende de una mejor distribución de la riqueza, que parte, desde luego, de que las y los trabajadores tengan un salario digno y justo.