Cuando la justicia sirve de balanza

Mientras en países como el nuestro los diputados promueven mecanismos para eludir los rigores de la justicia ordinaria, otros se enorgullecen de la independencia judicial que existen en los suyos. En este caso me referiré a recientes noticias internacionales que reflejan la independencia de cómo funcionan los tribunales en Brasil y en Argentina y que guardan relación con las prácticas anticorrupción que desde la Organización de los Estados Americanos se quieren implementar en todo el continente para frenar el flagelo de la corrupción.

Indistintamente se tratara del Partido de los Trabajadores (PT) que llevó al poder a Luiz Inácio Lula da Silva y a la actual presidenta Dilma Rousseff, la denuncia interpuesta hace cinco años en lo que se denomina ‘el mayor caso de corrupción política en la historia democrática del Brasil’, ya son hallados los primeros culpables, entre ellos Joao Paulo Cunha, expresidente del Congreso y dirigente del PT, el exdirector del Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, un empresario publicitario y dos de sus socios. La grave acusación: desvíos de fondos públicos para sobornos en el Congreso y financiación de campañas electorales. Los delitos: corrupción pasiva, peculado, blanqueo de capitales. El sumario ya suma 45000 folios. El caso, al ser descubierto, hizo trastabillar al primer gobierno del presidente Lula.

La trama era la de comprar votos en el Congreso, de allí el nombre popular del escándalo: ‘mensalão’. Eran las ‘mensualidades’ asignadas a ciertos congresistas para que votaran a favor de propuestas del presidente Lula. La defensa de los acusados se ha centrado en señalar que esos dineros venían de fondos privados, con lo cual de condenárseles sólo serían sujetos a multas; los fiscales han procurado demostrar que se trataba de fondos públicos, de allí de la multiplicidad de delitos señalados. Entre los otros encausados, aún sin condenar, esta el exministro de la Casa Civil de Lula y expresidente del PT, José Dirceu.

Mientras eso ocurre en Brasil, en su vecino Argentina, el fiscal federal Carlos Stornelli, a denuncia interpuesta por la diputada opositora Elisa Carrió, imputó la pasada semana a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en causa por presunta defraudación contra la Administración Pública, siendo la primera vez que se investiga a la señora Kirchner por un supuesto delito. Se inició la investigación por la sospecha de que la mandataria y otros altos funcionarios cometieron presuntas irregularidades en el uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda externa y en las restricciones que impusieron para la compra de dólares.

Al margen de que en alguno de los casos sean condenados altos funcionarios públicos, basta con que existan fiscales como el Carlos Stornelli que se atrevan a cumplir con el deber que tienen, al margen de quiénes sean los investigados. Fue ese mismo fiscal quien condujo las sumarias que llevaron al arresto domiciliario del expresidente Carlos Menem por presunto contrabando de armas.

De allí la importancia de que la justicia no esté sometida a los vaivenes de la política partidista. Así verdaderamente su balanza mantendrá el equilibrio de independencia que de ella sea espera.

*EMBAJADOR DE PANAMÁ ANTE LA OEA.