Udelas, democracia y autonomía universitaria

En este año nos encaminamos a la elección del nuevo gobernante del país y otras autoridades, la cual debe llevarse a cabo garantizando la libertad de sufragio.

De igual forma, las universidades tienen que renovar sus autoridades, elegir, a su rector de acuerdo a sus reglamentos, dentro de las facultades que tienen para autogobernarse, garantizando el derecho al voto, y diríamos que lo hacen con campañas y promesas electorales, fiestas, y eventos, y no faltan las tensiones pre y postelectorales por diversos motivos.

En el caso de Udelas, se desarrolló un proceso electoral, y luego de ello independientemente de su legalidad e ilegalidad, que no vamos a abordar, es preocupante porque se ha colocado a la educación universitaria y a los docentes, administrativos y estudiantes de este centro de estudios, en una situación de inestabilidad, desconfianza, y desasosiego laboral y político.

Nadie ha podido escapar del revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, de la denuncia de la rectora electa que no pudo asumir el cargo, y de su separación, al igual de despidos injustificados a docentes y administrativos y de otros tipos de hechos.

Tampoco se ha podido evitar, que la Defensoría del Pueblo haya intervenido para atender las denuncias sobre las irregularidades en las elecciones y de posibles violaciones de derechos humanos, y que el Procurador de la Administración, Rigoberto González, haya manifestado su opinión tras una consulta en la que indica que los actos del Consejo Electoral Universitario (CELU), de Udelas, con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo N’002-2003 de 25 de noviembre de 2023, están revestidos de presunción de legalidad, razón por la cual, es competencia privativa de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, decidir sobre cualquier posible vicio de nulidad que, según la apreciación de la administración de la Udelas pudiese afectar su validez y motivase, en consecuencia, la interposición de las acciones correspondientes” (c-186 de 27/12/2023)

Y cuando ocurren estos conflictos, lo primero que se cuestiona es el sistema de elección, “debe cambiarse”, pero resulta que Udelas introdujo un método que es aplicado en universidades extranjeras, en la que votan 58 personas integradas por 34 docentes, 14 estudiantes y 10 administrativos, el cual me parece positivo; aunque sea diverso al sistema imperante en otras universidades públicas, en que hay una votación directa de todos los sectores, pero pienso que con ello nos evitaríamos ese despliegue de eventos, fiestas, y propaganda, que en uno u otro sentido afecta el escenario académico universitario.

Otros se preguntan: ¿si escapan las universidades del clientelismo? No están inmunes a ello, y ya algunos se han expresado sobre ello, a propósito de la modificación a la ley que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), de la que expresaba Miguel Antonio Bernal, que vuelve a poner sobre el tapete el “clientelismo” que se ha desatado en las universidades oficiales del país (Aguilar, 2022), al igual que otros lo han hecho en otros momentos (Lombana, 3/4/2022).

Lo sucedido en Udelas es estremecedor, y en el mundo académico universitario extranjero igualmente se han dado este tipo de situaciones, a manera de ejemplo, el caso de Guatemala, de México, y en el último supuesto se ha planteado desde criterios jurisprudenciales, que el Tribunal Electoral debe conocer y resolver estos conflictos, para fortalecer la justicia electoral y que con ello no se está violentando la autonomía universitaria (Fernando Xochihua San Martín,2010).

Además, queda otra pregunta: ¿Están haciendo un uso bien las universidades públicas, de la autonomía y democracia universitaria? ¿Acaso están primando los intereses políticos, sobre los académicos?

En conclusión, las universidades son una institución académica del Estado, del pueblo panameño, en la que es importante salvaguardar su imagen y prestigio, y que los “universitarios, antes que confrontarnos en la lucha por poder, debemos ocuparnos en buscar la excelencia académica, la gestión de más recursos públicos y creación de nuevas fuentes de financiamiento, con el fin de modernizar nuestra infraestructura y dotar de mayores y mejores servicios educativos a nuestra comunidad”, (García, Piña, Mercado,2009).