Un año de autoritarismo y entrega a EE.UU.

Tras un año del gobierno de José Raúl Mulino, elegido con apenas el 34 % de los votos válidos en las elecciones de mayo de 2024, el pueblo panameño ha vivido doce meses y medio marcados por la prepotencia, la soberbia y la represión.

Este gobierno ha tenido muy claro su papel: beneficiar al sector privado, especialmente al sistema financiero y bancario tanto nacional como internacional, enfocado en recuperar el grado de inversión perdido tras la rebaja en la calificación de riesgo por dos agencias en 2024.

Los primeros meses de su administración estuvieron marcados por las inundaciones de finales de octubre e inicios de noviembre, frente a las cuales el gobierno no dio la talla. En lugar de prevenir y proteger a la ciudadanía, se priorizó el culto a las autoridades en medio de desfiles patrios y dianas.

Desde el mismo día de su toma de posesión, José Raúl Mulino violentó la soberanía nacional al firmar un memorando de entendimiento con la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en materia migratoria. En su discurso de toma de posesión afirma que la frontera de EE.UU. comienza en el Darién. Meses después, fuimos objeto de ataques y amenazas por parte de Donald Trump, tras su triunfo electoral en noviembre de 2024. Mulino, sin embargo, no tuvo el coraje de responder con firmeza y dignidad. La visita de tres altos funcionarios del gobierno de Trump, el secretario de Estado, el secretario de Defensa y la secretaria de Seguridad dejó clara la postura proestadounidense del mandatario panameño, en desmedro de nuestra soberanía y del legado de nuestros mártires, que lucharon para que Panamá no fuera colonia de ninguna potencia.

Uno de los principales objetivos del gobierno en este primer año ha sido la reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, presentada en la Asamblea Nacional el 6 de noviembre de 2024, y aprobada de manera impuesta por 48 diputados de diversas bancadas.

La aprobación de la Ley 462, de forma atropellada, desató un periodo de lucha en las calles. Educadores, trabajadores de la construcción, bananeros y otros sectores han ido a huelga. El gobierno ha respondido con represión, violaciones a los derechos humanos y ataques a las garantías fundamentales, con especial ensañamiento en la provincia de Bocas del Toro y en la comarca Ngäbe-Buglé.

Aunque el presidente ha intentado construir una narrativa de cercanía a través de sus conferencias semanales, estas han sido más una vitrina para exhibir su personalidad narcisista, egocéntrica y prepotente, que un verdadero canal de diálogo con el pueblo.

El gobierno ha puesto como objetivo central la destrucción del movimiento social. Ha judicializado a dirigentes populares, ha promovido cercos financieros contra sindicatos y gremios, buscando doblegarlos y reducir su capacidad de lucha.

A pesar de los más de 650 detenidos en estos dos meses y medio de resistencia contra la Ley 462, de los allanamientos, del Estado de urgencia y del hostigamiento institucional, el pueblo panameño continúa firme en la defensa de una seguridad social solidaria y de nuestra soberanía como nación. Este gobierno, en alianza con el Ministerio Público, ha instaurado un estado de sitio de facto para avanzar con sus políticas económicas bajo la lógica de la teoría del shock.

Nos corresponde, como parte del movimiento social, seguir organizándonos, fortalecer el tejido social y levantar la voz contra este cuasi gobierno fascista, que no gobierna para el pueblo, sino en alianza con una empresa privada parasitaria.