Una nueva ley para garantizar el derecho de cada niño y niña a crecer en familia

La aprobación de la Ley de Acogimiento Familiar marca un paso histórico en la protección de los niños, niñas y adolescentes en Panamá. Con esta ley, el país envía un mensaje claro: cada niño y cada niña tiene derecho a crecer en el seno de una familia amorosa, segura y protectora.

Muchos quizás no sepan por qué este avance es tan importante. Hasta hace poco, los niños, niñas y adolescentes que necesitaban protección del Estado eran, casi sin excepción, derivados a albergues o instituciones. Sin embargo, la evidencia internacional ha demostrado que la institucionalización no garantiza protección y puede incluso poner en riesgo los derechos más básicos de la infancia.

Los estudios internacionales son contundentes: los niños y niñas que crecen en instituciones, separados de un entorno familiar, enfrentan mayores riesgos de vulneración de derechos.

La vida en albergues suele debilitar los vínculos afectivos, limitar el desarrollo del cerebro y aumentar la probabilidad de problemas emocionales, sociales y de salud mental. Cuando la institucionalización se extiende hasta la adolescencia, las consecuencias son aún más graves: muchos jóvenes enfrentan dificultades para integrarse socialmente, acceder a un empleo o establecer relaciones sanas y estables en la vida adulta.

La experiencia reciente de Panamá confirma esta realidad. Los casos documentados de maltrato, abuso y explotación en algunos albergues en 2021 revelaron las debilidades del sistema y recordaron la urgencia de promover alternativas familiares que garanticen un cuidado protector, individualizado y afectivo.

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Panamá en 1990, y la Ley 285 de 2022, que crea el Sistema de Garantías y de Protección Integral, ya reconocen el derecho de todo niño, niña y adolescente a vivir en familia. Esta nueva ley profundiza ese compromiso al establecer un marco formal para que quienes no puedan permanecer con su familia biológica sean acogidos temporalmente en un entorno familiar alternativo, mientras se trabaja por su reunificación o, cuando corresponda, su adopción.

No obstante, las leyes —por sí solas— no transforman realidades. Para que este avance se traduzca en resultados concretos, el Estado debe contar con instituciones sólidas, servicios accesibles y programas efectivos de apoyo a las familias. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tiene un papel central: identificar oportunamente los casos de riesgo, proponer soluciones, asegurar que cada decisión se base en el interés superior del niño, y acompañar a los niños, niñas y familias acogentes.

Sin embargo, la Senniaf enfrenta una reducción de sus recursos, limitando su capacidad para hacer su trabajo en línea con sus responsabilidades legales y proteger a todos los niños y niñas que lo requieren.

En 2025, el presupuesto de Senniaf fue de $8.1 millones, una reducción de 30 % en comparación con el año anterior. En contraste, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Costa Rica tiene un presupuesto anual de $176 millones, mientras que el INAU (Instituto del Niño y Adolescente ) en Uruguay opera con un presupuesto de $312 millones.

El fortalecimiento de la Senniaf es, por tanto, una condición indispensable para asegurar que la ley se traduzca en acción. Requiere más personal técnico, financiamiento estable, herramientas digitales modernas y una coordinación efectiva con otras instituciones del Estado. En este sentido, Meduca, Mides y Minsa desempeñan roles complementarios esenciales: las escuelas pueden identificar signos de vulnerabilidad, los servicios de salud detectar casos de negligencia o maltrato desde la primera infancia, y los programas sociales reducir los factores estructurales que ponen a los niños en riesgo.

El acogimiento familiar no es un fin en sí mismo, sino el último eslabón de un proceso que comienza con el fortalecimiento de las familias biológicas, la prevención de la violencia y de la separación, y el acompañamiento antes de recurrir a medidas de protección. Solo cuando no es posible garantizar el bienestar del niño o niña en su entorno de origen deben considerarse opciones dentro de la familia extendida o, en última instancia, en una familia acogente evaluada y supervisada por el Estado.

Desde Unicef, nos sentimos orgullosos de ser parte de esta transformación que vive Panamá. En alianza con la Senniaf, el Mides y con el apoyo de otras instituciones, hemos impulsado el piloto de familias acogentes en Chiriquí y su expansión a la provincia de Panamá, la revisión de protocolos para evitar las separaciones familiares innecesarias y sensibilizado a servidores públicos; además, contribuimos con la plataforma digital “Primero”, que permite registrar y gestionar casos de infancia en protección especial. Gracias a estos esfuerzos y al compromiso del gobierno, especialmente Senniaf, el Estado panameño ha conseguido que el 43% de los niños, niñas y adolescentes que antes vivían en albergues sin cuidado parental hayan retornado a entornos familiares seguros en los últimos tres años.

La aprobación de esta ley es un punto de partida, no de llegada. Ahora nos corresponde a todos —Estado, sociedad y cooperación— garantizar que cada niño y cada niña crezca rodeado de afecto, protección y oportunidades. Unicef seguirá apoyando los esfuerzos de Panamá para garantizar la protección de la infancia más vulnerable.