Una victoria estratégica: la salida de la lista gris

La reciente decisión del Parlamento Europeo de excluir a Panamá de la llamada “lista gris” representa un logro de gran envergadura para nuestro país. No se trata solo de una victoria diplomática o técnica, sino de una reivindicación a los esfuerzos sostenidos que estuvo desarrollando el Estado panameño —en particular el Ejecutivo— para fortalecer su institucionalidad financiera, adecuarse a los estándares internacionales y defender con firmeza su reputación en el escenario global.

Durante años, Panamá cargó injustamente con el estigma de ser catalogada como una jurisdicción no cooperadora, sin que se reconocieran plenamente los avances regulatorios ni el fortalecimiento institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. La permanencia en listas discriminatorias como la elaborada por el denominado Grupo de Acción Financiera (GAFI), y replicadas por entes políticos europeos, impactaba no solo en nuestra imagen como país, sino también en la capacidad de nuestros sectores bancarios, legales y comerciales para operar con fluidez en el entorno internacional.

Hoy podemos afirmar, con satisfacción, que el trabajo dio resultados. Esta salida no fue producto del azar ni de concesiones superficiales. Fue el fruto de un esfuerzo estratégico, articulado y técnico que involucró a distintas instituciones del Estado, pero que tuvo una dirección política claramente marcada por el Ejecutivo, el cuerpo diplomático, asesores y personal técnico de primer orden.

Esa conjunción fue determinante para que se priorizaran las acciones necesarias tanto a lo interno como a lo externo del país. El mensaje es claro: Panamá no es ni será refugio de capitales opacos, ni cómplice de delitos financieros internacionales. Pero tampoco se arrodillará ante países cuyas empresas obtienen grandes ganancias en el mercado panameño mientras insisten en estigmatizarnos.

La voluntad política es clara: se busca que el mercado panameño de bienes y servicios se sienta aliviado en materia de transacciones internacionales, que exista mayor acceso a la banca corresponsal y que se propicie un entorno menos restrictivo para la inversión extranjera. Así, el país se reafirma como un centro logístico y financiero legítimo en la región, comprometido con la transparencia y con el desarrollo sostenible.

Desde luego, este paso no significa que el trabajo haya terminado. A partir de ahora se requerirá continuidad, compromiso institucional y vigilancia constante. Pero haber salido —tras años de trabajo y presión internacional— es un hito que merece ser valorado en su justa dimensión.

Se debe reconocer con honestidad y sin cálculo político el papel que jugó el equipo de gobierno, el sector empresarial e incluso diversos grupos intelectuales del país. En tiempos donde la crítica —con o sin razón— abunda, es necesario destacar lo que se hace bien. Y esta es, sin duda, una victoria para el país. Panamá ha dado un paso firme hacia su consolidación como una Nación responsable, moderna y alineada con los principios que rigen la economía global del siglo XXI.

Ahora nos corresponde a todos cuidar este avance y no permitir que, nunca más, intereses oscuros o acciones negligentes —internas o externas— nos devuelvan a ese oscuro túnel que jamás debimos transitar.