Justicia penal vs. impunidad

Últimamente, las noticias nos agobian con el aumento de los índices de delincuencia. Al analizar a profundidad esta problemática, no nos equivoquemos concluyendo que todo es responsabilidad del Sistema Penal Acusatorio, debido a que en la justicia penal no están todas las respuestas al aumento de la frecuencia de los delitos. Es una realidad indiscutible que este flagelo, desde que se instaló la democracia en nuestro país, ha ido en aumento.

Aquellos que nos hemos dedicado parte de nuestra vida profesional a combatirla, hemos aprendido que es necesario un programa de inteligencia policial (preventiva) y judicial. La amenaza del castigo mediante lo que establece la Ley no es suficiente. Se requiere convicción de la certeza del castigo, si no la amenaza establecida en el Código Penal fracasa.

Las leyes penales, por muy severas que sean, pierden eficacia, si no se abordan de forma profesional y técnica los hechos delictivos. Es cierto que la prevención general es el blindaje que da la Ley; y la misma se debe aplicar con efectividad y que la amenaza establecida en la Ley desestimule la delincuencia.

No debemos permitir que la impunidad se internalice en la conciencia de la colectividad y se entienda que el delito está facilitado, porque la Ley no se aplica, pues estaríamos ante un Estado de derecho fallido. La Ley Penal, per se, no es una barrera protectora; es el fin que debe tener medios eficaces para su aplicabilidad. La Ley Penal, para que sea efectiva, tiene que integrar su aplicación bajo el amparo del Estado de derecho y el control de convencionalidad. Como dice el autor Julio Federick: “Resulta impensable que la Ley Penal y la Ley Procesal Penal constituyan una solución autónoma, pero forman parte esencial del problema, como las fuerzas de seguridad y la justicia penal”.

La Ley Penal y la Ley Procesal Penal son parte imprescindible de un Estado de derecho. Debemos todos entender que parte de la impunidad subyace en la falta de capacidad del Ministerio Público para abordar el alto volumen de denuncias que recibe. No puede, por ejemplo, de cien carpetillas inclinarse por aquellas que prospectivamente lleguen a acuerdos, sin que se determine un esquema integrado del tipo de delincuencia que azota la seguridad. Este nudo es estimulante para que prospere la impunidad que se procrea y multiplica la inseguridad.

El mismo autor advierte que al desbordarse el sistema, provoca una imposibilidad funcional que provoca la ineficacia de la respuesta y la consiguiente impunidad. A lo anterior se suma la incapacidad investigativa, ya sea por falta de personal o recursos económicos, y la falta de especialidad que permite la dispersión de la responsabilidad de su funcionariado. Reitero, es necesario que la Policía Judicial o DIJ retorne a la dirección operacional y funcional del Ministerio Público.

Por otro lado, no debe la fuerza pública cargar con la responsabilidad del fenómeno de la Impunidad. Eso es una función que se integra entre la labor investigativa y juzgadora. De nada sirve la actuación policial, si no encuentra correlato con una acción judicial que la respalde.

No justificó los abusos policiales, las acciones de la policía de atacar y abordar el fenómeno delincuencial deben integrarse al control de convencionalidad. Los jueces penales son la primera barrera para no admitir actos de violación de los derechos humanos y están llamados a aplicar dichos controles (control concreto) y es necesario un diálogo judicial entre sus fallos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, dicho garantismo obliga a los entes de investigación, fuerzas de seguridad y fiscales a integrarse, creando una especie de sistema de inteligencia judicial sobre la interpretación que han dispensado los jueces a ciertos actos de investigación y adecuarlos a dichos lineamientos.

Por lo antes mencionado, es necesario que se reestructuren las especialidades según los delitos que más aquejan a la ciudadanía, para esto se requiere un cambio importante en el sistema; se debe reacomodar lo que tenemos, una adecuación de los estamentos de seguridad a las exigencias del Sistema Penal vigente. Debemos superar la mentalidad refractaria y ajustarla a los cambios de estos tiempos.