La instalación de las comisiones permanentes en la Asamblea Nacional zanjó al fin el proceso de negociaciones y reacomodos de los diputados, tras más de un mes de espera. Ahora corresponde trabajar y atender las demandas urgentes de la población en asuntos que requieren una rigurosa labor de fiscalización, como los proyectos de Río Indio y la posible apertura del proyecto minero en Donoso. Ambas propuestas son polémicas y de ninguna manera deben ser manejadas con irresponsabilidad. Corresponde a los diputados escudriñar cada detalle de los proyectos en el marco de un gran debate nacional que, lamentablemente, no se ha dado hasta ahora. Lo mismo ocurre con la discusión del Presupuesto General del Estado, otro asunto de primer orden en medio de la complicada situación económica que vive el país. La Asamblea ya no tiene excusas para cumplir su rol constitucional, que durante años ha quedado solapado por las fútiles luchas de poder e intereses politiqueros que han demostrado muchos diputados, tanto de partidos como independientes. Urge un Legislativo con balance, sin que entorpezca la gobernabilidad, pero tampoco debe terminar plegado al Ejecutivo. El tiempo no corre a favor de Panamá si no se atienden los grandes problemas nacionales, y el descontento creciente entre la población se acumula. Los diputados tienen la oportunidad de hacer lo correcto o hundir más la poca credibilidad que aún le queda a la Asamblea y, con ella, parte de la institucionalidad del país.

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