El ingreso de motorizados de la Policía Nacional al campus de la Universidad de Panamá (UP) no solo representa una abierta violación a la autonomía que reviste esta máxima casa de estudios superiores, sino también a la Constitución de la República. Si bien la Policía emitió un comunicado dando explicaciones sobre lo ocurrido, estas parecen agregar más sombras a un hecho que quedó plasmado en un video que claramente muestra su ingreso en la UP. Ciertamente, la fuerza pública debe velar por el libre tránsito y el orden, pero esto no es patente de corso para vulnerar garantías fundamentales y atentar contra principios democráticos. La irrupción con violencia en las universidades solo corresponde a una cultura de autoritarismo, a la cual no podemos permitirnos regresar otra vez. Al mismo tiempo, las autoridades de la UP están obligadas a cumplir con acabar con los infiltrados que manchan la legítima protesta universitaria; la rebeldía juvenil no puede ser truncada, pero tampoco es una justificación para actos vandálicos. La academia, abanderada por la UP, marchó esta semana en defensa de la autonomía y por la soberanía. Esa lección de civismo al país debe ser escuchada por el Gobierno, que tiene el poder y la responsabilidad de llamar a un diálogo nacional real que dé soluciones viables a esta espiral de descontento.

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