Contrabando de tabaco en Panamá

Panamá enfrenta una paradoja alarmante. Mientras el país se erige como un referente regional en políticas de salud pública contra el tabaquismo, el mercado ilícito devora la legalidad. Según el reciente informe de KPMG, el 88.8% del consumo de cigarrillos en el istmo es de contrabando, una cifra que nos sitúa, junto a Ecuador, en el nivel más crítico de América Latina. Esta economía subterránea no es un delito menor; es el motor financiero del crimen organizado. En los últimos cinco años, el trasiego de 1.1 billones de cigarrillos ilegales ha drenado 183 millones de dólares del erario. Son recursos que, en manos del Estado, deberían fortalecer la red de salud para los más vulnerables, pero que hoy terminan engrosando las arcas de mafias transnacionales. Aunque las operaciones antidroga y los esfuerzos de la Autoridad Nacional de Aduanas en la Zona Libre de Colón demuestran voluntad, la magnitud del reto es sistémica. La empresa privada y el sector público deben cerrar filas: el contrabando no solo evade impuestos, sino que corrompe instituciones y sabotea los derechos humanos. Blindar nuestras fronteras y puertos contra este tráfico es, ante todo, un acto de defensa del país y ética nacional.