Demandas como presión al periodismo

El reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte una tendencia inquietante en Panamá: el uso de la justicia como herramienta para intimidar y silenciar a los medios. Las demandas civiles y penales contra medios y periodistas no solo buscan reparar presuntos daños, sino también castigar la crítica y debilitar la libertad de expresión y prensa. En nuestro país, la posibilidad de secuestrar bienes al inicio de un proceso civil y la falta de aplicación del principio de real malicia otorgan a los jueces un poder que, mal utilizado, puede arruinar económicamente a los medios y desalentar la investigación periodística. Es una forma de censura encubierta: no se prohíbe publicar, pero se castiga hacerlo. Cuando la ley se usa para coaccionar al periodismo, se erosiona la democracia y se empobrece el debate público. La justicia debe proteger, no perseguir. La libertad de prensa no es una concesión; es una condición indispensable de toda república democrática. Su debilitamiento no solo afecta a los medios, sino al ciudadano común, que pierde la posibilidad de conocer los abusos del poder y de exigir rendición de cuentas.