Transparencia y fondos a municipios

Panamá lleva años denunciando la opacidad en las transferencias municipales. El propio Ministerio de Economía y Finanzas admitió que no tiene visibilidad sobre el destino final de los fondos que transfiere a los gobiernos locales. Reducir los montos no equivale a corregir el modelo. El Gobierno habla de “fortalecer controles”, “iniciar esfuerzos” y “buscar apoyo de la Contraloría”. Pero la trazabilidad no se promete: se construye antes de girar un solo dólar. Se criticó con fuerza la “descentralización paralela” por ser discrecional, sin criterios técnicos y blindada por la oscuridad. Hoy, con menos dinero, se cometen las mismas fallas: discrecionalidad intacta, criterios difusos y ausencia evidente de supervisión. Los expedientes remitidos a la Contraloría revelan sospechas que conocemos demasiado bien: donativos directos, asignaciones sin sustento, fondos entregados donde no hay mayor pobreza y transferencias que huelen a clientelismo. Lo llamamos “modelo corregido”, pero parece reciclaje administrativo con nuevo argumento. La contradicción es evidente: se prometió trazabilidad y hoy se reconoce que no existe. Se prometió priorización técnica y los corregimientos más golpeados por la pobreza siguen sin recibir recursos. La transparencia real exige reglas visibles, sanciones claras y publicación obligatoria de cada transferencia, cada aprobación y cada ejecución. Si el sistema no cambia en su núcleo —control previo, digital, público y auditable—, seguiremos condenados al mismo ciclo: nuevos gobiernos, viejos hábitos y ciudadanos engañados.