Opacidad portuaria

El allanamiento a Panama Ports Company no solo expone documentos y estados financieros; desnuda una cultura de impunidad que ha permeado la administración de nuestros recursos soberanos. En este escenario de presunta opacidad, el clamor nacional es unívoco: los responsables panameños, aquellos que desde juntas directivas o despachos públicos permitieron o gestionaron este velo de sombras, deben dar la cara ante la justicia. La transparencia y rendición de cuentas no son conceptos abstractos, sino obligaciones legales que sostienen la credibilidad de un país. No basta con señalar a la corporación; es imperativo individualizar las responsabilidades de quienes, bajo el amparo de la bandera, pudieron haber comprometido el patrimonio de todos. Un país que aspira a la modernidad no puede permitirse “intocables” en el manejo de sus activos estratégicos. Blindar al Estado requiere de una justicia que no titubee. Cada dólar que el país dejó de percibir durante años de concesión es un recurso que se le resta a la salud, a la educación y a los sectores más vulnerables. La ética en los negocios y en la función pública es el único camino para una verdadera seguridad jurídica. El silencio ya no es una opción.