Terminan alegatos, decisión de Odebrecht en manos de Baloisa Marquínez

Este viernes 27 de febrero fue el último día para la presentación de alegatos en el juicio Odebrecht. Quedan por resolver recursos presentados, como solicitudes de acciones civiles, pero ya no habrá más testigos, evidencias, ni alegatos de la fiscalía, ni los abogados defensores.

Todo está en manos ahora de la jueza Baloisa Marquínez.

La audiencia del viernes comenzó con el imputado de más alto perfil en el caso, el expresidente de la República Ricardo Martinelli.

Su abogado, Carlos Carrillo, basó su alegato en descalificar el proceso, desmeritar las pruebas, cuestionar la asignación de la jueza y atacar el accionar de las fiscales en el proceso.

Carrillo denunció lo que calificó como “vicios procesales” en la causa, entre ellos lo que considera fue una violación al principio de especialidad, el cual aduce que Martinelli no podía ser juzgado por un cargo distinto al que fue extraditado de Estados Unidos (interceptaciones telefónicas o “pinchazos”). La jueza Baloisa Marquínez ya se ha pronunciado sobre este argumento durante el juicio, rechazando que se estuviera violando.

Carrillo pasó luego a criticar el mismo nombramiento de la jueza Marquínez como encargada del caso ad honorem, es decir que no fue designada al azar sino directamente. También cuestionó que las evidencias bajo las que se inició este caso fueron declaradas nulas en Brasil y carecen, según los tribunales brasileños, de valor legal.

La respuesta de la fiscal Ruth Morcillo al ser preguntada sobre este punto por los medios de comunicación, es que el Ministerio Público igual tomó declaraciones de estos testigos por su cuenta. Estas declaraciones fueron presentadas durante el juicio por la Fiscalía.

Carrillo fue específicamente crítico de Morcillo.

“¡Esto ya fue juzgado, fue sobreseído! ¿Y usted sabe quien fue la fiscal? La licenciada Ruth Morcillo. La misma fiscal pidió el sobreseimiento a favor de Odebrecht y hoy pide condena,” exclamó a gritos ante la jueza.

La defensa de Martinelli y otros imputados también reclamaron durante el juicio que no tuvieron la oportunidad de contrainterrogatorio a varios testigos claves que no se presentaron en Panamá.

Luego de Carrillo, llegó el turno de Pedro Meilán, en representación de Rodrigo Díaz, exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Unos 11,7 millones de dólares fueron transferidos de la Caja 2 (utilizada para el pago de sobornos) de Odebrecht a cuentas controladas por Díaz a través de sociedades como Villa Loly y Logaro, S.A.

“¿En que cabeza cabe que una persona que va a lavar dinero, o que va a recibir pagos ilícitos, con una preparación como la del señor Rodrigo Díaz, los va a depositar en la fundación de sus hijos y los va a depositar en la compañía Logaro que es de sus hermanos con su mamá, o en Villa Loly, que Loly es la mamá de él. Eso es irracional”, cuestionó el abogado. “Las transferencias se dieron a sociedades que eran válidas, que estaban en Panamá y eran reembolsos de dinero que estaba pagando el señor Hugo Torrijos al señor Rodrigo Díaz”, concluyó.

De acuerdo a Meilán, su cliente no sabía “que los dineros eran malos”, y resaltó que nunca participó en una contratación pública ni fue funcionario.

Durante su presentación de alegatos, Meilán alzó la voz en reiteradas ocasiones, afirmando que su cliente había sido incluido a última hora en el proceso por un chat y criticando la labor de la Fiscalía. La jueza Marquínez le llamó la atención y pidió que se mantuviera la solemnidad del acto.

También tuvieron su turno abogados de imputados relacionados al Partido Panameñista, específicamente el extesorero Carlos Duboy y el exembajador Jaime Lasso, cercano al expresidente Juan Carlos Varela (quien no participa en el proceso por ser miembro del Parlamento Centroamericano).

Los abogados apuntaron que no todo el dinero que pasaba por la Caja 2 de Odebrecht era ilícito, que triangular pagos no era considerado ilegal en el momento que se hicieron las transferencias y que el Tribunal Electoral no aplicó sanciones por las donaciones de campaña realizadas por Odebrecht a través de sociedades.

La hija de Jaime Lasso, Michelle Lasso, también está entre los imputados, aunque el Ministerio Público pidió su absolución. Su defensa, así como la del empresario Navin Bhakta por quien también se pidió absolución, presentaron alegatos para reiterar que sus clientes no son responsables de los cargos.