Igualdad electoral

La discusión sobre los cambios en las reglas electorales ha puesto sobre la mesa las diferencias en las formas de participación en el proceso electoral que, como vimos en los comicios de 2024, continúa marcado por una dicotomía entre las candidaturas por libre postulación y la participación a través de partidos políticos. Es necesario regular el sistema de elección, porque su configuración ha tenido históricamente un impacto decisivo en los resultados, en los que prevalecen el manejo clientelista y el dominio del dinero en las campañas. Si bien lo aprobado por la Comisión de Reformas Electorales —en cuanto a que un ciudadano incurra en renuncia tácita a su partido si otorga su firma a un aspirante por la libre postulación— apunta a un exceso con posibles tintes de inconstitucionalidad, la idea de impedir que un miembro de un partido compita como independiente, o viceversa, resulta coherente y limita el oportunismo que ha caracterizado a muchas candidaturas. O se construye una propuesta desde un partido, o se participa bajo la figura de la libre postulación; lo que no corresponde es ajustar el sistema según cálculos electoreros. Es evidente que quienes aspiran sin el respaldo de un partido compiten hoy en clara desventaja al buscar votos, situación que debe corregirse. Pero, al mismo tiempo, las estructuras políticas que han adoptado la bandera de las candidaturas independientes no pueden seguir actuando como partidos mientras se presentan como figuras de libre postulación. Si aspiramos a una política honesta y coherente —la que realmente necesita el país—, es indispensable plantear las cosas con transparencia.