La democracia no es monopolio de nadie

El Tribunal Electoral ha encendido una alerta que los diputados no deberían ignorar. Su advertencia sobre los cambios introducidos al proyecto de reformas al Código Electoral toca un asunto que trasciende intereses partidistas: las reglas con las que Panamá elegirá a sus autoridades en 2029. El aumento de los límites a las donaciones privadas, la posibilidad de mantener dos cargos simultáneamente y la extensión de plazos para funcionarios con aspiraciones electorales deben revisarse con criterio de Estado, no con el impulso politiquero que parece haber inspirado esos cambios. No se puede legislar sobre las reglas del juego electoral con la lógica de la conveniencia política del momento. La Asamblea Nacional tiene la facultad constitucional de modificar y aprobar la reforma, pero esa prerrogativa no es una patente de corso para la politiquería. Los diputados tienen la obligación de anteponer la institucionalidad y el interés ciudadano a los cálculos de sus partidos. Si bien el Tribunal Electoral durante décadas fue una institución de credibilidad para el país, en los últimos años también ha enfrentado cuestionamientos y críticas sobre algunas de sus actuaciones, que generan desconfianza en los ciudadanos. Esa realidad obliga al TE a redoblar sus esfuerzos de transparencia, legalidad y coherencia. La discusión electoral necesita contrapesos, no trincheras. La Asamblea debe revisar estas reformas con responsabilidad y sin cálculos electorales. Las reglas electorales pertenecen a los ciudadanos, no a los partidos, los independientes, ni tampoco a los poderes económicos detrás de fuerzas políticas o magistrados.