‘Concesión escondida’, preocupación sobre el futuro de Cobre Panamá

Una concesión escondida disfrazada con eufemismos. Ambientalistas y expertos legales advierten sobre la dirección que podría tomar el proyecto minero de Cobre Panamá tras la presentación del informe interministerial.

“Parece que el gobierno ya tomó una decisión, la reapertura del proyecto, pero sin tomar en cuenta las consideraciones legales”, señaló el doctor en Teoría del Derecho y miembro del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Carlos Bichet a La Estrella de Panamá. ”Lo que estamos viendo sería una nueva concesión escondida o un eufemismo para no hablar de un nuevo contrato de concesión. Y eso sería inconstitucional nuevamente”, enfatizó luego de una transmisión en directo por la cuenta oficial de CIAM.

Bichet se refiere al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2023 que declaró inconstitucional el contrato entre el estado panameño y la empresa First Quantum, responsable del proyecto minero. “El informe, si lo vemos sustancialmente, no dice absolutamente nada sobre las inconstitucionalidades del fallo del 2023. El Estado parece que ya tomó una decisión de reactivación del proyecto sin tomar en cuenta absolutamente nada lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en el fallo de 2023, y que sería nuevamente caer en los mismos hierros frente al Estado de derecho”, cuestionó.

El informe interministerial, firmado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, da recomendaciones sobre la ruta a seguir respecto al proyecto.

El documento recomienda “adoptar el modelo de gestión y cierre autofinanciado” utilizando como instrumento una resolución de Consejo de Gabinete para autorizar la estructura y los contratos que de ella se deriven. Recomienda también que no se adopte la figura de contrato-ley, ni de contrato de concesión.

Esto sería una forma para el Ejecutivo de esquivar algunos requisitos constitucionales. Por ejemplo, todo Contrato Ley debe pasar por la Asamblea Nacional, algo que el presidente José Raúl Mulino ha reiterado en múltiples ocasiones que no planea hacer.

Respecto al modelo de concesión, aunque el informe interministerial recomienda no hacer un contrato de este tipo sí detalla una ventana de tiempo de décadas que contempla el inicio del “cierre activo” a partir de 25 años. Como referencia, las concesiones en Panamá tienen legalmente un tiempo máximo de 20 años, aunque pueden ser prorrogadas. Tal fue el caso, por ejemplo de Panama Ports.

Esto significa que, de cumplirse las recomendaciones del informe interministerial, el proyecto minero operaría durante al menos 25 años antes de iniciar la etapa de cierre activo, mientras que la fase de custodia y entrega final comenzaría en el año 63. El documento estima que el desmantelamiento, la reconformación y la revegetación tomarían unos ocho años, seguidos por una etapa de 30 años de monitoreo poscierre y un horizonte de hasta un siglo para planificar el manejo de los relaves.

CIAM no es la única organización con interrogantes sobre el proyecto minero. El Frente de Abogados Colonenses (FACOL), emitió un comunicado con su posición precisando las implicaciones legales.

“El fallo de la Corte declaró inconstitucional el contrato minero. No ordenó específicamente el cierre de la mina; el cierre surge como consecuencia jurídica y material de haber quedado la explotación sin el título jurídico que la sustentaba. Cualquier solución futura debe, por tanto, partir del cumplimiento integral del fallo”, expresó el FACOL. “Si se propone una operación temporal para financiar el cierre, corresponde explicar al país cuál será su fundamento constitucional y legal, cuáles serán sus límites y cómo se evitarán los vicios que dieron lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad anterior. Colón necesita desarrollo, empleo y protección ambiental. Panamá necesita seguridad jurídica. Ninguno de esos objetivos debe alcanzarse al margen de la Constitución”.

La incertidumbre sobre el futuro del proyecto impactó las acciones de la empresa minera First Quantum Minerals Ltd., las cuáles cayeron en la Bolsa de Toronto de 45.68 dólares canadienses (CAD) la mañana del miércoles, a 31.10 CAD después del anuncio. La tarde del jueves, las acciones cerraron en 38.44 CAD.

Firmas especializadas como Barclays y Deloitte también han advertido sobre el impacto que la falta de claridad podría tener sobre el perfil del propio país.

Lo cierto es que el informe interministerial no es un dictamen, sino una serie de recomendaciones. No contempla temas como la negociación sobre el pago de regalías, por las que First Quantum pagaba 2%, ni otros detalles claves que se definirían a través de un acuerdo entre el Estado y la empresa.

Habrá que esperar que el Órgano Ejecutivo haga el anuncio definitivo sobre cómo se procederá, una decisión que ha reiterado será personalmente el presidente quien la anuncie.