Gobernar un país de manera democrática implica tomar decisiones difíciles, pero estas nunca pueden ir a contramano de la voluntad popular. El presidente José Raúl Mulino afrontó el reto de reformar la Caja de Seguro Social, lo que le granjea el reconocimiento de haber asumido un problema complejo que la mayoría de los políticos en el poder prefirió ignorar. Sin embargo, dicha iniciativa, que pudo ser un espacio de construcción colectiva y democrática por una seguridad social mejor, se ha convertido en el catalizador de una crisis social que todavía estamos a tiempo de contener. Aunque oficialmente se cumplió un trámite nominal de consultas, al final muchos sectores no fueron tomados en cuenta y en algunos casos incluso denostados desde el poder. Es necesario corregir esa distorsión de origen que abonó parte del problema que tiene hoy. ¿Qué impide volver a sentarnos a definir el futuro de la seguridad social? ¿Por qué tenemos que esperar a que la economía se vea más afectada por los cierres? El quinquenio pasado quedó demostrado que el uso de la fuerza no aplaca el descontento ciudadano, lo exacerba y lacera la credibilidad de las instituciones. Todas las partes deben dejar la intransigencia, el gobierno tiene que llamar a un diálogo real y la población organizada en protesta debe participar; cualquier imposición está destinada al fracaso.

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