Justicia y credibilidad

El gobierno de José Raúl Mulino ha presentado, de acuerdo al propio mandatario, al menos 278 denuncias ante el Ministerio Público en lo que va de su administración. Además, la Contraloría General ha realizado auditorías, desde los puertos hasta los maestros y las planillas de la Asamblea Nacional. Solo esta semana se presentaron denuncias por presuntas transferencias no autorizadas de cientos de millones de dólares en la Caja de Seguro Social. Además, se imputaron cargos a un dirigente sindical aprehendido durante una protesta y ahora investigado por blanqueo de capital. El presidente asegura que él no influye en las investigaciones, pero utiliza sus conferencias semanales para pedir celeridad al Ministerio Público, liderado por su exabogado, y critica el Sistema Penal Acusatorio por sus resultados. La ciudadanía ve con buenos ojos que se fiscalice e investigue el uso correcto de los recursos estatales, así como a cualquier individuo del partido o gremio al que pertenezca que haya cometido algún delito, pero de igual forma se pide que la justicia no sea selectiva. Ver al embajador en Colombia hacer de “nana” a un condenado por blanqueo de capital debilita el discurso de imparcialidad. El país se encuentra en medio de un estallido social; para lograr consenso se necesita confianza, credibilidad en un sistema que investigue, no persiga, a todos por igual.