La fortaleza de un sistema bancario no debería medirse únicamente por sus activos, su rentabilidad o el crecimiento de sus depósitos. También por las garantías que ofrece a quienes le confían sus ahorros. Y en ese terreno Panamá mantiene una discusión pendiente desde hace años. La crisis bancaria de Paraguay ha devuelto actualidad a un asunto que merece atención. La Superintendencia de Bancos confirmó a este diario que en 2027 realizará un estudio de factibilidad para crear un fondo de garantía de depósitos. Es una iniciativa necesaria, aunque convendría preguntarse por qué ha tardado tanto en avanzar. Panamá tiene un centro bancario sólido, cuyos depósitos alcanzaron los $121,617 millones en septiembre. Pero esa fortaleza no sustituye la protección del ahorrista. Actualmente, la legislación concede prioridad de pago a depósitos de hasta $10,000 durante una liquidación forzosa. Una preferencia legal que no equivale a garantizar la devolución del dinero. La propuesta exige una discusión seria. ¿Quién financiará el fondo? ¿Qué cobertura ofrecerá? ¿Cómo impedir que sus costos terminen trasladándose a los clientes? Son preguntas que deben resolverse sin debilitar la competitividad bancaria ni fomentar una gestión irresponsable. También resulta oportuno avanzar en la modernización de los mecanismos de resolución bancaria, una tarea que la Superintendencia desarrolla con asesoría del Fondo Monetario Internacional. Panamá ha construido buena parte de su prestigio financiero sobre la confianza. Proteger esa reputación exige anticiparse a los riesgos, no limitarse a reaccionar cuando aparecen.