Graves secuelas

La reciente controversia entre la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral debe ser manejada, entendida y resuelta en el marco jurídico y las competencias institucionales. No hay mejor camino para impedir el debilitamiento democrático que algunos pretenden. Aunque el clima político ha sido alterado y la confianza político-electoral también, las posibilidades institucionales no se han agotado. Y ante los nuevos eventos de zozobra, la sociedad civil debe procurar mantener el equilibrio institucional. Lo puede hacer exigiendo que la controversia sea resuelta mediante el cumplimiento de las normas vigentes. Además reclamar, mediante voces coherentes y representativas, que se vele con beligerancia por la estabilidad democrática. Sin embargo, no se puede subestimar el daño que causa al país el tomar decisiones e introducir polémicas leyes, normas y fallos judiciales que lo que hacen es crear confrontaciones irresponsables.