• 10/12/2017 01:04

Derechos Humanos

Para el neoliberalismo, la salud y los derechos sociales, en general, son solo para quienes puedan pagar por ellos.

El derecho humano fundamental es el derecho a la vida, seguido por el derecho a la salud; ambos inalienables, irrenunciables e intransferibles. Las autoridades del Estado están instituidas para proteger, en su vida, honra y bienes, a todos los ciudadanos bajo su jurisdicción; ello justifica la existencia del Estado. El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; argumento que los censores, autoproclamados defensores de la justicia, los derechos humanos y la paz, en el mundo; esgrimen a la hora de “juzgar” al resto de las naciones. Independientemente de cuál sea el nivel de desigualdad, el índice de mortalidad infantil, de pobreza, de analfabetismo, etc., a los gobiernos obedientes se les certifica, mientras que a los “insurrectos”, los sancionan con medidas políticas, diplomáticas, económicas y hasta invadiéndolos; medidas siempre precedidas por una campaña mediática, dirigida a obtener la aprobación de los “beneficiarios”. El artículo 25 del citado documento, reza: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios... “. No obstante, para el neoliberalismo, la salud y los derechos sociales, en general, son solo para quienes puedan pagar por ellos. Las Ifis “recomiendan” recortar “gastos” del sector social, pero eso sí, servir la deuda puntualmente; por ello los servicios públicos de salud y educación son cada vez peores; de modo que la constante es el incremento de la pobreza, con mayor mortalidad infantil, a consecuencia de malnutrición y enfermedades prevenibles; evidencia del absoluto menosprecio por tan esenciales derechos. Son medidas dolorosas – afirman - pero necesarias, porque a largo plazo resultaremos favorecidos. Pero la realidad es que no es así y ese círculo vicioso también tenemos que cambiarlo por una verdadera política que respete y valore los derechos humanos.

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