Mucho se habla de los diputados y los abusos que estos cometen manejando partidas, contratos y prebendas. El peso de esto lo lleva la Asamblea Nacional, pero muy pocos reparan en que tal problema emerge desde el poder Ejecutivo. Y es que los gobernantes no resisten a tener controles y lo primero que hacen es ‘comprar' a los diputados. Esto no es cuestión de ahora, sino de siglos atrás, cuando Hobbes, Locke o el Barón de Montesquieu analizaron los problemas del poder. Hoy, cuando la Asamblea Nacional está siendo cuestionada, porque casi siempre sus miembros salen ilesos de cualquier denuncia, el comentario popular es que los diputados están blindados para no ser investigados. La verdad es que sí y fue exactamente lo que se hizo con la reforma constitucional de 2004. Antes de estas reformas, los diputados (que eran llamados legisladores) los investigaba el procurador/a general de la Nación y los juzgaba la Corte Suprema de Justicia. Con la reforma todo esto cambió y se dejó tanto la investigación como el enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados los investiga y juzga el Legislativo y así surge el pacto de no agresión. Estas son las cosas que hay que cambiar. Las tentaciones están presentes y la naturaleza humana siempre lleva a tener estas tentaciones. En el caso de los diputados, como son prácticamente impunes, cometen abusos y es utópico esperar que cambien su naturaleza, pues es más fácil que en una nueva Constitución se establezcan los mecanismos de controles para evitar sus abusos. Negar esa realidad es pecar de ingenuos.

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