Los puertos y el espejo peruano

El Puerto de Chancay, en Perú, ha puesto en evidencia un desafío que también debería resonar con fuerza en Panamá: cómo gestionar inversiones de gran escala sin ceder espacios fundamentales de soberanía y control democrático. Lo ocurrido allá supera una disputa legal entre un consorcio chino y el regulador peruano; revela la tensión entre atraer capital extranjero y preservar la autoridad del Estado sobre sectores estratégicos. Los debates sobre la supervisión estatal han enfrentado al Gobierno peruano con el operador mayoritario, mientras desde Estados Unidos surgen voces que, en su disputa con Pekín, advierten riesgos geopolíticos similares a los que han insinuado respecto al Canal de Panamá. La lección es clara: sin reglas firmes y una visión nacional coherente, los grandes proyectos pueden quedar atrapados en agendas ajenas. Panamá, por su posición estratégica, no puede improvisar. Supeditar nuestra política portuaria a intereses chinos o estadounidenses sería un error en un escenario global cada vez más competitivo. Lo responsable es definir una política de Estado en materia de inversión que priorice el desarrollo nacional, fortalezca la institucionalidad y establezca límites claros a cualquier influencia externa. Esa política debe garantizar transparencia, cumplimiento normativo y rendición de cuentas, pero también afirmar que las decisiones sobre nuestros puertos y sectores estratégicos responden únicamente al interés nacional. La soberanía no se negocia: se ejerce con firmeza, equilibrio y visión de futuro.