• 15/10/2025 00:00
Entrelíneas

Que pese la meritocracia y no los lazos de sangre

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales vivió este martes una de esas sesiones que definen el pulso moral de una nación. El anteproyecto de ley N° 213, que proponía sancionar penalmente el nepotismo y las “botellas” en el sector público, fue rechazado por un voto. Cinco en contra, cuatro a favor. Un número que, más que resultado, es radiografía de un sistema político que todavía duda entre proteger la ética o protegerse a sí mismo. El diputado proponente, Eduardo Gaitán, habló con claridad: el nepotismo corroe la institucionalidad del Estado. Y no se equivoca. Pocas prácticas han hecho tanto daño a la credibilidad de las instituciones como esa costumbre de convertir los cargos públicos en herencias familiares o favores políticos. Cuando los apellidos pesan más que el mérito, el mensaje a los ciudadanos es devastador: que la preparación no importa, que el esfuerzo no vale, que el Estado no es de todos, sino de unos cuantos. Sus detractores, argumentaron que la propuesta era “innecesaria” y “desproporcionada”. Alegaron incluso que criminalizar el nepotismo podría atentar contra el derecho al trabajo. Pero ese argumento confunde —quizás intencionalmente— el derecho individual con la responsabilidad pública. Nadie está prohibiendo a nadie trabajar; lo que se exige es que el Estado no se convierta en un feudo donde los vínculos de sangre pesen más que el compromiso con el servicio público. Rechazar el debate sobre el nepotismo con el pretexto de proteger el derecho al trabajo es, en el fondo, proteger la impunidad de los privilegios. Y esa es la razón por la que tantos jóvenes profesionales se desencantan del servicio público y por la que la ciudadanía observa a su Asamblea con escepticismo creciente. El proyecto 213 pudo haber sido imperfecto, como toda iniciativa inicial, pero planteaba una discusión impostergable: ¿debe el Estado seguir tolerando que los vínculos familiares pesen más que la ética? El país necesita leyes que castiguen el abuso, pero sobre todo necesita legisladores que no teman enfrentarse a los privilegios.

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