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08 de May de 2021

Redacción Digital La Estrella

Opinión

La peor cobardía

La comunidad panameña se confiesa mayoritariamente cristiana y quedó estupefacta ante las imágenes transmitidas por televisión sobre lo ...

La comunidad panameña se confiesa mayoritariamente cristiana y quedó estupefacta ante las imágenes transmitidas por televisión sobre lo que vivieron siete adolescentes el pasado 9 de enero en la celda seis del Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen. Incrédulos presenciamos cómo esa celda la convirtieron primero en una cámara de gas y después en una de cremación. Hasta llegaron a hacer disparos de escopeta de perdigones a través de la ventana de la celda (el informe forense demuestra que, además de quemaduras, los cuerpos de las víctimas tenían golpes y perdigones).

Sus desesperados ruegos para salir de aquel infierno fueron objeto de burlas. No hay justificación para tal barbarie. Los gases y las llamas ya aniquilaron a cinco, mientras que los otros dos sobrevivientes merecen todo el apoyo para su recuperación física y mental. Unos pocos insensatos han insinuado que se lo tenían bien merecido por ser infractores de la ley. Transcurrido más de un mes, tanto los instigadores como los autores materiales siguen impunes, apostando a la complicidad de los tribunales y al olvido de los ciudadanos.

Creo que ha llegado el momento de advertir el peligro que representa promover valores, con frecuencia desde el discurso de algunas de nuestras autoridades, como la intolerancia, la confrontación, la humillación, persecución y el terror.

Ante acciones que violentan el más sagrado de los derechos, el derecho a la vida, no se puede guardar silencio cómplice. Estamos obligados a atender el fondo del problema. El asesinato de los adolescentes del Centro de Menores de Tocumen no es, en modo alguno, un hecho casual. Se trata de un patrón de conducta represiva y despiadada, relacionado con la llamada Masacre de Changuinola, ocurrida hace seis meses, y que ocasionó varios muertos y más de 500 heridos, 50 de los cuales perdieron total o parcialmente la vista.

Una cosa es la defensa legítima para preservar la vida ante la amenaza delincuencial y otra es propiciar la violencia estatal para suprimir las protestas, las reclamaciones y los disensos. Las amenazas, el empleo de gases lacrimógenos y los disparos de perdigones no resuelven los problemas.

Panamá, con sus limitados recursos económicos puede atender las necesidades básicas de su población. Si empleamos racionalmente la inversión pública, podemos atender los serios problemas de educación, trabajo digno, vivienda, salud, suministro de agua potable, de la juventud y superar los alarmantes niveles de pobreza. Si priorizamos los programas sociales, dejamos el festín de contrataciones directas y el desmedido afán por las megaobras, como la torre financiera o la compra costosa e injustificada de los dos corredores.

Las actuales autoridades abren otra escena de protesta social. La explotación minera desnudó su compromiso con Corea del Sur. Despreciando la experiencia histórica, se pretende hipotecar el territorio nacional a un gobierno extranjero. Quien ganó las elecciones, prometiendo poner los intereses del pueblo primero, hace exactamente lo contrario. Nuestros indígenas están hartos. Hace 500 años los conquistadores europeos, también con falsas promesas, robaron sus tierras y los condenaron a la miseria. Hoy, al igual que ellos, otros sectores reclaman la satisfacción de sus reivindicaciones. ¿Volverán a asesinar?

Previendo nuevas confrontaciones, me atrevo a pedir que el Consejo Ecuménico, integrado por todas las religiones, realice una jornada de reflexión nacional, para que no se repitan jamás los hechos de Changuinola, del Centro de Menores de Tocumen y se respeten los derechos de nuestros indígenas.

También pido que el Consejo de Rectores de las Universidades del país realice un esfuerzo científico multidisciplinario, que sirva de guía para abordar los más sensibles problemas sociales que confrontamos.

Asimismo, el sector empresarial, las organizaciones obreras y de la sociedad civil deben retomar el diálogo para consensuar un modelo económico más humano e incluyente (todos los esfuerzos anteriores, el Pacto de Estado por la Justicia y Concertación Nacional han sido engavetados por el gobierno actual). El Colegio Nacional de Abogados debe demandar el castigo a los responsables, evitar que, una vez más, se imponga la impunidad y gestionar ante los tribunales el cese del abuso policial, eliminar el uso de las armas de perdigones y el indiscriminado empleo de gases lacrimógenos.

Por su parte, los partidos políticos —de oposición y gobierno— deben comprometerse, conjuntamente con el resto de las organizaciones sociales, a defender los derechos fundamentales de la comunidad panameña.

Finalmente, asumamos la enseñanza de Confucio cuando afirmó: ‘saber lo que es correcto y no hacerlo es la peor cobardía’.

*DOCENTE UNIVERSITARIO Y EX LEGISLADOR DE LA REPÚBLICA.