Azuzadores detrás de la dirigencia Ngäbe Buglé

La Coordinara por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos, presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley, en el que solicita, además de la prohibición de la exploración y explotación de los recursos minerales, que se cancelen las concesiones mineras e hidroeléctricas vigentes. Igualmente, pide que se prohíba el otorgamiento de nuevas concesiones hidroeléctricas y para la inversión turística.

Nadie puede objetar los derechos del pueblo Ngäbe Buglé establecidos en la Constitución y reglamentados por la Ley 10 de 1997, con lo cual se delimita la propiedad colectiva de la tierra en la Comarca, con el propósito de integrar el bienestar cultural, económico y social de su población. Pero como panameños, también son sujetos de deberes, por lo cual no se pueden abstraer del cumplimiento de las leyes panameñas.

En su momento, la mayoría de los panameños consideraba justa la lucha de los Ngäbe Buglé por evitar desarrollos mineros en su comarca. Pero exigir la cancelación de todas las concesiones vigentes y obligar al gobierno a que se comprometa a no dar más concesiones hidroeléctricas puede significar dos cosas: que están mal asesorados o que están siendo azuzados por grupos opuestos al gobierno para crear el desasosiego y la anarquía.

Las exigencias de los Ngäbe Buglé son una propuesta absurda que el actual gobierno no puede aceptar bajo ningún punto de vista, por cuanto que los intereses de estos grupos originarios no pueden estar por encima de los intereses de todos los panameños.

Sería irresponsable que el gobierno, por el capricho de un grupo minoritario, aceptara cancelar las concesiones mineras e hidroeléctricas existentes, por cuanto quedaría en entredicho la Seguridad Jurídica del país. Y consecuentemente, todos los panameños tendríamos que pagar con nuestros impuestos este absurdo, cuando el Estado sea condenado a responder por los daños y perjuicios que se le ocasionaron a las empresas que invirtieron en estas concesiones. Y por otro lado, se afectarían las inversiones futuras de cualquier tipo, por la falta de Seguridad Jurídica en Panamá.

Es imposible que el presidente se comprometa de buenas a primeras a no construir más hidroeléctricas, precisamente cuando más necesitamos la energía eléctrica para que el país mantenga el crecimiento económico de los últimos años. Si bien se debe pensar en otras energías alternas, nuestra realidad es que no disponemos de otros recursos naturales capaces de sustituir el agua, por lo que son necesarias las hidroeléctricas, porque, sin ellas, tendríamos que retrotraernos a la época de las guarichas.

Para muchos ambientalistas y azuzadores profesionales, es muy fácil oponerse y protestar por las hidroeléctricas. Pero la pregunta es si están dispuestos a vivir sin la energía eléctrica. Estoy seguro que no. Esperemos que los Ngäbe Buglé entren en razón y lleguen a un acuerdo en el que se hagan valer sus derechos consagrados en la Ley, sin que se afecten los derechos y el bienestar de todos los panameños que somos la mayoría.

*PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN LA VOZ DE ARRAIJÁN.