Piezas incompletas para una memoria histórica

P uedo entender a los que dicen que todo el asunto alrededor de la muerte de Bin Laden es una farsa. Que no fue cierto. Quieren ver la foto. Que el gobierno estadounidenses busca los momentos más convenientes para, con eventos como este, distraer la atención de su ciudadanía y del resto del mundo. Que Obama busca la manera de encarrilar sus aspiraciones reeleccionistas tomando en cuenta que no hay un competidor con el perfil lo suficientemente llamativo como para, en estos momentos, hacerle la competencia.

La noche antes de la noticia de Bin Laden, Donald Trump, había sido ridiculizado públicamente en un evento que varios millones de espectadores vieron como una estocada a las pretensiones del multimillonario. Pero alrededor de los eventos que ponen en perspectiva el rol del gobierno de Obama y la muerte de Bin Laden, está la importancia del momento histórico que muy bien puede convertirse en crucial para su reelección y para la definición de esta parte de la historia de los Estados Unidos.

Quien escribe la historia de estos tiempos tendrá muchos problemas en transcribir de una manera irrefutable y convincente para las futuras generaciones los hechos tal cual ocurrieron. No importa a qué evento se referirán para exponerlo conjuntamente con otros hechos que ocurrieron durante el mismo hilo de tiempo. Las fuentes primarias y secundarias no son fácilmente accesibles por la maraña de intereses que se deben proteger y muchas veces parecieran que le faltan piezas al rompecabezas.

Los relatos de los involucrados en el asunto Bin Laden, han ido poco a poco saliendo a la luz pública y algunos de estos ensayos han ido contradiciendo los reportes iniciales. Pero tenlo por seguro, los Estados Unidos recaba, documenta, clasifica y protege su patrimonio histórico y las interioridades de la muerte de Bin Laden serán preservadas debidamente para las futuras generaciones.

Sobre los acontecimientos recientes en Panamá hay dudas de muchos que cuestionamos las motivaciones en la manifestación de hechos que, si fuesen presentados escuetamente y sustentados, permitirían un análisis independiente de cada individuo o grupo de la sociedad. Pero de los eventos relacionados a La Corte Suprema de Justicia, o los Wikileaks, por ejemplo, ya hay lecciones, a pesar de que aún estamos por conocer toda la verdad, si es que tendremos ese privilegio algún día.

Hace décadas, los diarios constituían una fuente irrefutable de información. Sus periodistas y editores guardaban celoso respeto por su oficio. Pero hoy los medios de comunicación se han convertido en parte de la historia. Asalta los primeros indicios de una noticia y comienzan a enmarcarla dentro de un halo de suposiciones y teorías que al final se convierten en parte subjetiva —y muchas veces dudosas— del conjunto de hechos o, mejor dicho, tergiversan la verdad y sencillamente las personas no pueden expurgar lo que es cierto o no. Queda mucho trabajo para los investigadores sociales e historiadores serios.

Demasiadas veces en Panamá, se pierden evidencias, se enmarañan pruebas, se juega, a través de los medios y la opinión pública, con los puntos coincidentes de un tema y esto lo hacen funcionarios públicos cuyo deber es proteger el patrimonio de la nación; eso incluye la información que generan en el desarrollo de sus responsabilidades como funcionario público.

Debe ser obligatorio, amparado por la ley, que cada funcionario, cuyo cargo lo compromete significativamente a tomar decisiones críticas en nombre de la nación, sea sometido a un proceso de ‘descargo informativo oficial y relacionado’, para conocer el detalle de los hechos que se dieron en el proceso de los eventos o actos que gestionó.

Los Archivos Nacionales panameños deben contar con el poder necesario para garantizar que cada funcionario rinda declaraciones juradas de sus actos. Si esto fuera requisito indispensable para ocupar posiciones de responsabilidad en la administración gubernamental y del Estado, muchos se cuidarían de negociar o prometer prebendas a propios y extraños, con los recursos del Estado, incluyendo su influencia oficial, pero ni siquiera cumplen con la obligación de declaración jurada de bienes.

En un país de juegavivos, les parecerá tonta a más de cuatro esta propuesta. Nuestro país es muy inmaduro para implementar acciones como la mencionada, con el fin de capturar y proteger su memoria histórica. Pero, independientemente de eso, todos los funcionarios deben entender que la información que manejan es propiedad del Estado panameño y es un acto de responsabilidad y de patria entregársela a las arcas históricas de la nación. Si lo actuado es crítico y comprometedor hoy, pero se realizó para proteger los intereses del país, ciertamente la historia entenderá. Con esto en mente, actuarán en estricto deber hacia los intereses de la nación y los historiadores del futuro los retratarán en su justa dimensión.

*COMUNICADOR SOCIAL.