En nuestra democracia no participamos todos

En países que no tienen un claro concepto de democracia, muchos votantes consideran que sus derechos políticos se satisfacen con la sola emisión del voto; los electos, que se imaginan seres iluminados por alguna gracia divina, asumen que su triunfo les otorga el derecho a gobernar a su antojo. Otros, por el contrario, estimamos que vivir en democracia es un ejercicio cotidiano de participación ciudadana en beneficio y salud de la sociedad en general. Es la disyuntiva que presentan las dos caras de la democracia: una, representativa; la otra, participativa.

En el mundo, cada día más, los ciudadanos exigen participar en las decisiones que los afectan; requieren que los gobernantes tomen en cuenta sus aspiraciones; expresan su opinión y demandan la debida atención, sobre todo en asuntos que les son importantes en sus vidas. Las redes sociales, impensables ayer, pero posibles gracias a la tecnología de hoy, son armas poderosísimas al servicio de ciudadanos de a pie. Con ella se informan, unen criterios y se manifiestan en forma coordinada. La Primavera Árabe y la enérgica rebelión Ngäbe Buglé lo prueban.

En Panamá vivimos esa tensión. Hay quienes ponderan a ultranza la democracia representativa y quienes creemos en la democracia participativa; hay quienes se consideran elegidos para imponer sus criterios y quienes consideramos que el voto no equivale a una entrega de derechos ciudadanos. Pienso que, de todos los gobiernos pos invasión, el actual es el que con más constancia ha descartado la democracia participativa, llegando a calificarla como un intento inconstitucional de cogobernar. Al hacerlo, ignora lo que a ojos vista es una toma cada día de mayor conciencia ciudadana. Hay pruebas al canto y solo bastan algunos ejemplos.

En el debate legislativo los espacios de participación ciudadana son estrechísimos. El primer debate de una ley se cumple sólo para llenar una mera formalidad, no para analizar diferentes puntos de vista que puedan enriquecer la propuesta. Con mucha pompa los diputados han establecido Oficinas de Participación Ciudadana en la capital, Azuero y Chiriquí para ‘promover la participación ciudadana en el proceso de elaboración de leyes y en la fiscalización de la gestión gubernamental’, pero, en temas ampliamente consultados por la sociedad civil como las reformas electorales, los diputados oficialistas se yerguen soberbios para gritarnos que nadie puede influenciar sus decisiones.

Otros ejemplos surgen del Ejecutivo. Antes de cumplir su primer año, convocó un ‘cabildo abierto’ en la Casa Amarilla para escuchar quejas ciudadanas contra el autoritarismo en su estilo de gobierno. Asistieron representantes de 200 grupos de la sociedad civil; durante seis horas, en un ambiente de desorden y sin agenda, se escucharon asuntos variados como administración de justicia, medio ambiente, energía eléctrica, seguridad ciudadana, salud, obras públicas, vivienda, educación, minería, aspectos laborables y urbanísticos, y otros de intereses muy personales. Nunca se supo del seguimiento dado a cada uno. Nunca se repitió ese ‘cara a cara’, como se le llamó.

Aquel ejercicio desordenado ha tenido dos ejemplos más formales: un método de consulta para escoger nuevos magistrados a la Corte Suprema y un proceso para redactar un borrador de nueva Constitución Política. En el primer caso se designó una Comisión Especial de Credenciales integrada por representantes de algunos gremios de la sociedad civil y en el segundo caso se nombró, con grandes formalidades y ceremonias, una Comisión de Notables. Ninguna de las respectivas recomendaciones se ha tomado en cuenta ni puesto en práctica. ¿Para qué entonces?

Todavía es tiempo de vigorizar la democracia participativa antes de que las brisas de ayer, convertidas en vientos hoy, se conviertan en huracanes mañana. Nadie quisiera eso.

EXDIPUTADA DE LA REPÚBLICA.