A defender la democracia, ¡ahora!

El activismo de la población y de la sociedad civil ha sido de agitación en años recientes. En varios países de la región se han producido manifestaciones populares que han sacado de sus cargos públicos a líderes electos, debido a demandas insatisfechas. Las manifestaciones pacíficas constituyen un derecho democrático inalienable, y la movilización ciudadana es compatible con los principios de la democracia representativa.

Los cierres de vías y las manifestaciones callejeras son formas legítimas de expresión de inconformidad de los ciudadanos. En la mayoría de los casos, si bien es cierto perjudican a terceros, parecen ser las únicas formas exitosas de llamar la atención de las autoridades de gobierno y obtener respuestas positivas sobre problemas sufridos, en algunos casos, por años.

No obstante, debemos reconocer que las protestas y la inestabilidad que generan pueden ser una amenaza a la paz y la seguridad del país. Si la respuesta gubernamental no resuelve los problemas, ello puede desatar insurrecciones que, una vez iniciadas, nadie sabe cómo pueden acabar.

Durante muchos años los actores tradicionales en el quehacer nacional fueron los partidos políticos y el gobierno. Aquéllos, representaban una visión particular de un proyecto de país y sociedad y monopolizaban la intermediación entre la ciudadanía y el gobierno. Éste, a través de sus diferentes organismos, era entendido como personalización del Estado y representaba la institucionalidad y gobernabilidad del país.

Los partidos políticos articulaban las demandas de los distintos sectores de la sociedad y las presentaban al gobierno a través de propuestas, en busca de respuestas pertinentes y oportunas. Los temas o asuntos que no eran formulados por los partidos difícilmente podían ser conocidos o atendidos por las instancias del gobierno.

Lamentablemente, los partidos políticos en Panamá están en crisis. Demuestran una cultura democrática débil y están fragmentados. Son acusados, a menudo con razón, de falta de transparencia, poca democracia interna, prácticas clientelistas, transfuguismo y corrupción. Incapaces de ofrecer políticas que den respuesta a los reclamos de la población, son vistos con desconfianza y desesperanza generalizada.

Por su lado, las instituciones claves para el ejercicio de la democracia en Panamá son aún débiles. La gestión social es insuficiente y prevalecen innumerables problemas, a pesar del alarde gubernamental sobre el crecimiento económico del país.

Los ciudadanos y distintos sectores de la nación panameña se expresan a través de los medios de comunicación social o mediante manifestaciones en las calles, sobre asuntos que afectan sentidamente sus vidas. Dichos medios de comunicación a manera de cuarto poder y la sociedad civil organizada, son ciertamente actores sociales.

Antes, tuvimos el ejemplo de la Cruzada Civilista que, a finales de la década de los ochenta, liderizó el movimiento en contra de la llamada dictadura militar que ostentaba poder político entonces.

Ahora, en democracia, especial importancia asumen las redes sociales mediante correos electrónicos y twitters, donde los ciudadanos expresan sus opiniones y convocan movilizaciones en torno a un tema en particular. Ellas han demostrado su efectividad mundialmente. Están al alcance de gran parte de la población, difunden rápidamente información y no son controlables por el gobierno. Tal vez por ello, ahora se pretende regular y controlar el Internet en Panamá.

La sociedad civil puede definirse como la esfera de naturaleza pública, que intermedia entre el Estado y los ciudadanos. Las asociaciones autónomas, los grupos de interés y los movimientos sociales son expresiones y componentes de la Sociedad Civil. Ella es fundamental en la defensa de la democracia y derechos de los sin voz, que no saben cómo enfrentar las actuaciones o desaciertos de los gobiernos de turno. Realiza aportes a la consolidación democrática, fortaleciendo los mecanismos de gobernabilidad, y sirve de control necesario de la responsabilidad social del gobierno.

En los últimos 20 años, las organizaciones de la sociedad civil han estado presentes en largas jornadas de lucha por los derechos ciudadanos, demandando respeto a la institucionalidad del Estado en apoyo al Frente por la Democracia. Participan en la observación electoral, así como en el diseño y seguimiento de políticas públicas y proyectos sociales. También en actividades de negociación y concertación, con autoridades locales o del gobierno central.

En esas acciones y espacios, han asumido una importante cuota de responsabilidad, aportando elementos significativos para la consolidación democrática y gobernabilidad del sistema político. No aceptar esta realidad es, simplemente, pretender tapar el sol con las manos.

Generalmente, sus expresiones se dan ante problemas de la mayoría ciudadana, relacionados con la mala calidad de los servicios públicos, como la falta de agua potable; irregularidades en el suministro de energía eléctrica; la no recolección de la basura; la aprobación de proyectos de ley lesivos a los intereses de la mayoría o inconsultos; el caos en el transporte público y la inseguridad ciudadana que se evidencia día a día con el aumento de crímenes violentos y múltiples víctimas como resultado de ello.

No podemos hablar de desarrollo en un Panamá con grandes diferencias entre el gobierno y los grupos sociales que conforman la nación. Parece que existe un país dentro de otro. Los ciudadanos necesitan ser escuchados. Luchan por el derecho a que sus necesidades prioritarias reciban la atención merecida, siendo que ellas afectan su calidad de vida y oportunidades de desarrollo democrático en igualdad de condiciones.

Escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y resolver lo que los panameños quieren para su país, debe ser parte de las políticas sociales del gobierno.

ABOGADO