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30 de May de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Sociedad civil y seguridad

Mucho se ha planteado en Panamá respecto a la necesidad de la participación de los actores de la Sociedad Civil organizada en la atenció...

Mucho se ha planteado en Panamá respecto a la necesidad de la participación de los actores de la Sociedad Civil organizada en la atención de los problemas de la ciudadanía. ¿Cuál es su rol en la vigencia de la seguridad humana y democrática? Su función principal es la de promover una cultura de paz a través de la participación del pueblo en las actividades preventivas para fortalecer la seguridad de la población en todo el país.

En el marco de responsabilidad social, debe existir un nivel de participación entre los ciudadanos y el Gobierno para la obtención de un bien común como el de la Seguridad. La democracia participativa permite que los ciudadanos tomen parte de las decisiones de temas que atañen a las mayorías. La integración de la sociedad civil en el debate contribuye a generar opiniones y propuestas de valor integral.

Esta interacción exige el establecimiento de espacios de aportación en actividades tendientes al resguardo que el grupo social requiere y canales de comunicación para mejorar las condiciones de vida, en conjunto con la administración estatal.

En cuanto a las organizaciones, se incluyen los Partidos Políticos; los Organismos No Gubernamentales (ONG); las asociaciones especializadas en materia de seguridad ciudadana; los de la Administración de Justicia y los de Derechos Humanos. También las organizaciones del sector privado y las representativas de grupos juveniles, etnias, sindicales y laborales.

Uno de los roles más importantes lo desarrollan los representantes de empresas propietarias de medios masivos de comunicación social. Dichos medios tienen un papel preponderante en la difusión de valores cívicos, morales y de la democracia como forma de vida. La influencia que ejercen es muy grande y debe ser orientada hacia la generación de una cultura de paz basada en el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad, como parte de su responsabilidad social corporativa y para promover la transparencia de los organismos de seguridad del Estado.

Igual importancia tiene la participación de la comunidad en los procedimientos de control de la política de seguridad ciudadana, a través de la evaluación y rendición de cuentas eficaces y permanentes. Ello implica participación de la ciudadanía en las actividades preventivas coadyuvantes, mismas que deben estar plasmadas en los programas de seguridad del país, particularmente en las comunidades de mayor riesgo social.

Al respecto, son importantes las consultas y encuesta de satisfacción de los ciudadanos sobre la seguridad pública, así como la participación de instituciones de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo en el control democrático de la seguridad ciudadana.

Un importante papel es la participación de las Iglesias en la formulación de soluciones a los problemas sociales que sufre Panamá y que se les brinde el apoyo que puedan requerir para enfrentar esta tarea. Jugar un rol como mecanismo de concertación de sectores afectados y del Gobierno Nacional. Igualmente, se debe estimular la participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s) en la formulación de políticas públicas, para las soluciones a los problemas de ausencia o falta de seguridad que sufre Panamá y que se les brinde el apoyo que puedan requerir para hacerlo.

En la Estrategia de Seguridad Ciudadana de Panamá, las personas y la sociedad son los actores y su rol es integrador y articulador. Al respecto, la sociedad civil organizada ahora tiene una importante participación en la definición de las Políticas de Seguridad Democrática Ciudadana, desde una perspectiva integral, multisectorial y multidimensional.

Además, una importante función de los actores sociales está dirigida al combate a la corrupción en el gobierno y en el sector privado. El deterioro económico y su impacto sociocultural, la pérdida de valores cívicos y proyectos políticos han contribuido a incrementar la corrupción pública y privada, y su impunidad. Todavía no se ha visto a ningún funcionario enjuiciado por corrupción y que sea declarado culpable. Existe una doble moral, cuando somos gobierno y cuando somos oposición. Se denuncia un hecho, se genera un escándalo y hasta allí llegó el asunto.

La corrupción es un flagelo moralmente inaceptable, que distorsiona la gestión económica, aumenta los costos de los proyectos y reduce el crecimiento real de la economía. La corrupción de las bases sociales causa descomposición de la solidaridad, credibilidad y legitimidad que sustentan el respeto a las leyes y al sistema democrático.

Nuestros pueblos padecen este flagelo con creciente disgusto, exigiendo a los dirigentes políticos ofrecer mayor capacidad para erradicarlo.

La promoción de la transparencia y la prevención de la corrupción sólo pueden ser efectivas cuando resultan de la cooperación entre las autoridades de Gobierno y las organizaciones ciudadanas, fundamentada en valores y propósitos comunes y llevados a cabo mediante procedimientos mutuamente acordados. Para ello es necesario agregar las soluciones técnicas adecuadas, de manera que los esfuerzos invertidos sean efectivos.

Las experiencias en algunos países nos demuestran que el ejemplo moral de los funcionarios en cargos ejecutivos y facultados para tomar decisiones, es indispensable para el desarrollo de una cultura ética de gobernabilidad. Cuando los ciudadanos ven un comportamiento ético y responsable en aquellos que ocupan puestos de jerarquía en una organización, es más probable que deseen imitarlos.

Esto no puede reducirse, por tanto, ni a consultas periódicas ni a medidas aisladas para atender problemas específicos, sino que debe extenderse a la creación de las bases para el desarrollo de una cultura ciudadana de nuevo tipo y del fortalecimiento de la democracia en Panamá. Así sea.

ABOGADO