¿Cuál es la política ambiental?

S e asegura que nuestra política ambiental aparece claramente consignada en la Constitución, las leyes y convenios internacionales, y detallada en la Estrategia Nacional del Ambiente que fue planificada desde hace muchos años. Pero respetarla e implementarla son ‘otros doscientos pesos’, porque es fácil comprobar que las autoridades le han dado la espalda a la protección del medio ambiente y al significado del desarrollo sostenible.

De hecho, el Plan de Gobierno que reveló la actual administración durante la pasada campaña electoral contenía objetivos y medidas esperanzadoras sobre el fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental y la conservación de bosques naturales y áreas protegidas; pero, en realidad, aquellos postulados han resultado vanas ilusiones que demuestran el frágil valor de las leyes y las promesas electorales cuando falta la voluntad política para hacerlas cumplir.

Es de suponer que el respaldo tangible a una política divulgada comenzaría por apoyarla con recursos humanos y económicos necesarios para su adecuada implementación; pero en cuanto a nuestro medio ambiente, el Ejecutivo, con el beneplácito de la Asamblea Nacional, se ha mostrado consistentemente mezquino con su organismo rector, la ANAM. Basta ver el presupuesto-ley asignado a la institución este año: es sólo un millón de balboas más que hace cuatro años, el primer año de este gobierno, y diez millones menos que el año pasado. Los fondos se redujeron en los rubros de fortalecimiento institucional, investigación, manejo de recursos naturales, conservación y desarrollo sostenible; mientras que los recursos para vigilancia del ambiente, cuencas hidrográficas y áreas protegidas se restringieron al nivel del año anterior. No en balde sólo puede haber 20 guardaparques para vigilar y proteger 560 mil hectáreas del Parque Nacional de Darién, 10 guardaparques para 207 mil hectáreas del Parque Nacional de Coiba y 6 guardaparques para 207 mil hectáreas del Parque Internacional La Amistad. Resulta virtualmente imposible impedir la deforestación, la caza, la pesca ilegal, las quemas, la explotación de maderas en extinción y otras acciones perniciosas.

La inestabilidad ha caracterizado la administración de la ANAM: en menos de cuatro años se ha nombrado como directores de la entidad a tres personas que, se alega, no han contado con los estrictos requisitos legales exigidos del cargo. Para añadir insulto a la injuria y olvidando la promesa de fortalecer la institución, el Ejecutivo ha anunciado la creación de un Ministerio de Minas y Energía y ha amenazado con restarle a la ANAM algunas funciones propias para entregarlas al MIDA, poniendo con ello en riesgo la pertinencia y eficacia de los estudios de impacto ambiental que le corresponde por ley aprobar.

Los humedales no corren mejor suerte que los Parques Nacionales. Los existentes en la bahía de Panamá fueron desprotegidos por decisión de la Corte Suprema de Justicia y las autoridades han abaratado el costo de la tala de mangle y disminuido las multas por la tala ilegal.

Es evidente que los temas del medio ambiente y del organismo encargado de protegerlo no han recibido la atención prometida en campaña electoral. Con acciones de los tres Órganos del Estado se ha privilegiado el desarrollo económico a mansalva, tanto minero como urbanístico; y por eso vemos que mientras el primer mandatario asegura —aparentemente con mucho orgullo— que el nuestro es un ‘país en construcción’. Pero la construcción ambiciosa, desordenada e indiscriminada está causando riesgos evidentes e innecesarios a la población y al medio ambiente.

Tenemos una política ambiental, pero no hay sincera intención de implementarla, porque molesta. Lo comprobamos en el elocuente silencio sobre el tema en los discursos de toma de posesión y en los mensajes presidenciales a la Asamblea Nacional.

EXDIPUTADA DE LA REPÚBLICA.