Sueños de vivienda, un secuestro municipal

La experiencia de edificar una vivienda que garantice el goce de este derecho social a la población de este país, tal como lo establece el Artículo 113 de la Constitución Política de 1972 (Título III, Capítulo 6), especialmente, a los sectores de menor ingreso, resulta una verdadera falacia constitucional.

El esfuerzo, sacrificio y ahorro por varios años de una familia de pocos ingresos, para acabar con la pesadilla de los alquileres y abrazar los sueños de una vivienda propia y digna, son estropeados por normativas municipales socialmente insensibles. Tal es el caso del Acuerdo Municipal N° 18 del 24 de diciembre de 2011 del Consejo Municipal del Distrito de Chagres, que establece las tarifas sobre el valor de la edificación o construcción de residencias.

Dicho acuerdo establece que para construir una residencia se pagará desde 1% al 1.5% de la inversión que realiza el propietario. Lo más contraproducente de este asunto es que dicho Municipio no cuenta con Ingeniería Municipal. Sin embargo, tesoreros, secretarios municipales y otros realizan las inspecciones de las obras, evalúan y establecen costos de inversión a futuro, sin idoneidad, puesto que no cuentan con títulos de ingenieros calificados para este fin. Todo en aras de recaudar impuestos a cualquier coste, sin importar las necesidades de los humildes propietarios.

¿Cuántas injusticias se han de cometer contra la población de pocos ingresos dentro de este distrito? Y ¿cuántos acaudalados ganaderos, extranjeros, políticos y amigos de la Alcaldía se habrán beneficiado al ser exonerados del pago de los mismos? ¡Ojalá a todos se les cobrara por igual!, susurra un funcionario del propio Municipio.

Es más, de no cumplir con el pago de la tarifa, se coacciona con parar la obra y recibir una multa por haber construido sin el correspondiente permiso municipal, apareciendo, la figura del delito: ‘Evasión de impuestos’. Con ello, se secuestra el sueño de los pobres del goce de una vivienda digna. Son estas situaciones injustas las que nos dejan esa desagradable sensación de que nuestro Panamá es el paraíso de los extranjeros y el calvario de los autóctonos, toda vez, que hay leyes, decretos, resueltos, resoluciones, acuerdos municipales y otros que lesionan la dignidad, derechos y sueños de los ciudadanos que aspiran a un mejor futuro.

Resuena otra vez el eco de la ignominiosa frase: ‘Cómo el pobre oprime al pobre’. Al final, todos somos culpables, porque damos poder a quien no lo merece y, por tanto, tenemos las autoridades y gobernantes que nos merecemos.

En las municipalidades de este país pareciese que por el solo hecho de ser publicados en Gaceta Oficial, los acuerdos municipales constituyen la Carta Magna de los alcaldes y subalternos, escatimando la importancia de la Ley fundamental del Estado que es nuestra Constitución Política de 1972. Quizás el tanto lidiar con estos acuerdos municipales produce delirios de poder, insensibilidad social y omnipotencia. Sin duda alguna, habrá que revisar algunos de estos acuerdos municipales, puesto que contravienen las Leyes Constitucionales y la Pirámide del Derecho.

*DOCENTE.