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16 de Apr de 2021

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Servicio de transporte público

En ocasiones anteriores denunciamos las prácticas monopólicas en servicios públicos, que según nuestra Constitución están taxativamente ...

En ocasiones anteriores denunciamos las prácticas monopólicas en servicios públicos, que según nuestra Constitución están taxativamente prohibidos. Los procesos de privatización han arreciado estas prácticas, con la consiguiente carga a los usuarios, que se han visto en la necesidad de pagar más por servicios totalmente ineficientes.

En el caso del servicio público del transporte colectivo, la paciencia de los panameños llegó al límite. El gobierno prometió ‘un sistema que contaría con una organización eficiente en cuanto a los recorridos, lo que disminuirá las esperas en las paradas y garantizará la frecuencia de las unidades’. Miles de dólares se invierten en publicidad bajo la consigna ‘very happy’, para hacer creer a la población que recibirá un servicio de calidad y con prontitud. Sin embargo, la realidad es otra. Hoy, los panameños tienen que levantarse más temprano para poder abordar el transporte y llegan más tarde a sus casas, ello debido al recorte drástico de la oferta del servicio (menos buses y con menor capacidad); el tiempo de frecuencia del servicio ha aumentado (esperamos más por un bus); el precio por el servicio (pasaje) no solo aumentó, sino que hoy pagamos por adelantado (tarjetas, las cuales son toda una odisea su recarga).

Pese a los abusos y atropellos que se cometen contra los usuarios del transporte público colectivo, y que el propio Martinelli reconoce que es una empresa monopólica, en la Asamblea de Diputados se discute la aprobación de una partida de $3 millones 835 mil para pagarle a la empresa Mi Bus el subsidio del pasaje y a la empresa Sonda (encargada del servicio de tarjetas para el Metro Bus), lo que resulta inmoral e ilegal ante un servicio no prestado con las condiciones de calidad necesarias. Aunado a ello, la ATTT dio favor a la compra de dos patios a Mi Bus, por $49 millones, cuatro veces más de lo que la compañía invirtió en su compra, hace tan solo dos años (2011). Todo ello deja entrever que se trata de otro contrato leonino, de otro gran negociado.

Esta semana, cuando el problema hace explosión, disgusta a los panameños ver a las autoridades de la ATTT y a ministros de Estado, parecer más los voceros de las empresas, que autoridades que deben velar por la defensa de los intereses de la población.

¿Hasta cuándo las autoridades responsables del Tránsito van a seguir con los brazos cruzados? ¿Qué intereses hay escondidos? ¿Por qué las autoridades no exigen a estas empresas cumplir con el contrato del Estado? El pueblo se pregunta hasta cuándo las autoridades de gobierno seguirán defendiendo los intereses monopólicos de las empresas (Mi Bus y Sonda), cuando éstas irresponsablemente no cumplen con la prestación del servicio. El gobierno, tiene una gran responsabilidad por apatía, negligencia e incapacidad de hacer cumplir el servicio con todas las garantías de eficacia, como debe ser.

La privatización del transporte público se ha constituido en una pesada carga para el pueblo panameño, en la medida que pagamos más por un mal servicio, mientras se nos impone garantizar ganancias extraordinarias a las empresas, a las cuales adicionalmente entregamos millones de dólares en supuestos ‘subsidios’, que al fin y al cabo pagamos los asalariados a través de nuestros impuestos.

Lo que procede, es una política pública que garantice un servicio oportuno, accesible y menos costoso a la población panameña.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) propone y luchará por un servicio de transporte moderno y eficiente a costo accesible, que permita al pueblo trabajador calidad de vida. Animados por servir al Bien Común, el tema del servicio de transporte público será abordado de forma tal que sean servidos los intereses de la ciudadanía y no los de los grupos económicos nacionales o transnacionales.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.