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06 de Mar de 2021

Redacción Digital La Estrella

Opinión

La violencia institucional puede cobrar vida propia

En los últimos seis años la fuerza pública panameña (Policía Nacional y otros estamentos) ha estado involucrada en la muerte de 17 perso...

En los últimos seis años la fuerza pública panameña (Policía Nacional y otros estamentos) ha estado involucrada en la muerte de 17 personas por negligencia y/o prepotencia. Desde la muerte de una empresaria en 2007 hasta el caso más reciente de los dos niños asesinados en San Carlos en 2013. Además, la contención de manifestaciones de protesta (la represión mal aplicada) por la Policía Nacional y el Senafront han sesgado la vida de otras ocho personas y dejado decenas de heridos desde esa misma fecha.

La conmoción que se observa a nivel de la población panameña, sacudida por los incidentes fatales en los cuales están involucrados agentes de la Policía Nacional, no es el producto de un incidente aislado. El país se percata de que está en un espiral de violencia institucional, cuyo resultado final es impredecible. La opinión pública está muy preocupada, ya que observa una conducta que sigue un patrón muy definido. Las fuerzas del orden han tomado la ley en sus propias manos con el aval de las autoridades. Pocos días después de la muerte de los niños en San Carlos, el dirigente sindical y aspirante a elección popular, Genaro López, fue encañonado por agentes de la Policía —junto a su familia— en la puerta de su casa.

La Ley 74 avala la impunidad entre los agentes de la Policía Nacional con el beneplácito de las autoridades. En su momento, se pensó que la legislación garantizaría la lealtad de los agentes de la PN hacia las autoridades. Por el otro lado, las revelaciones de Wikileaks apuntan a una escalada en el uso de métodos extra-legales por parte de las autoridades y sus agentes para alcanzar objetivos políticos, ajenos a lo indicado por la Ley y la Constitución.

La pérdida trágica de vidas en San Carlos y el atentado contra el dirigente Genaro López forman parte de un patrón. La Policía Nacional recibe en forma indiscriminada entrenamiento militar bajo el supuesto de que la Institución (y el país) se encuentra en una ‘guerra’ contra las drogas. En ese enfrentamiento EE. UU. ha identificado a varios actores que deben ser objeto de represión: campesinos e indígenas. Estos, a su vez, según manuales de las fuerzas armadas de EE. UU., pueden tener entre sus aliados a organizaciones políticas, miembros de la sociedad civil y gremios.

Si el gobierno insiste en continuar recibiendo la asesoría de las ramas militares de EE. UU. para entrenar a su personal y desarrollar actividades militares, solo se puede esperar un resultado catastrófico, que pone en peligro la vida de todos los panameños en forma permanente. A diferencia de la Policía, que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y la protección de la comunidad, el militar tiene como responsabilidad reprimir con la fuerza toda movilización que considere sospechosa. El Policía utiliza su arma de fuego como última instancia cuando enfrenta al sospechoso de cometer algún delito. En cambio, el militar saca el arma de reglamento en primera instancia para neutralizar o eliminar al enemigo en el campo de batalla. Estamos presenciando, desde un tiempo atrás para esta fecha, una tendencia en la que el uniformado de policía (el ‘secreta’ de civil) está actuando cada vez más —en forma equivocada— como militar. Esto es resultado inmediato de un entrenamiento planificado y acordado por las entidades de seguridad tanto de EE. UU. como Panamá. Incluso, con la participación activa de militares de Colombia, gracias a la invitación de EE. UU.

La población panameña siempre le ha tenido poca confianza a los estamentos policíacos y militares. Son las fuerzas que los gobiernos de turno —desde los tiempos de la colonia— activan para someter a los sectores subordinados. Más aún, a los sectores que no se someten a la injusticia y manifiestan su descontento. Es el caso de los trabajadores sindicalizados, los estudiantes, los campesinos, los pueblos indígenas y otros. En los últimos cinco años han sido varios los panameños asesinados por la Policía y estamentos militares (Senafront). Decenas que han sido heridos producto de una represión muy desigual. Los estudiantes gritan y tiran piedras. Los campesinos bloquean caminos rurales y los sindicatos sacan pancartas. En cambio, las fuerzas del orden desenfundan sus armas de fuego.

Si la percepción que tiene la población de la conducta de la Policía continúa deteriorándose, estaríamos entrando en una fase muy peligrosa. Los políticos que hoy son ‘autoridad’, mañana abandonarán sus cargos, pero dejarán un gran desorden entre los estamentos que tienen la responsabilidad de proteger a los panameños.

¿Qué pasará mañana cuando la autoridad no avale el uso de armas por parte de los agentes que no respetan el reglamento vigente? ¿Se someterán los uniformados a los dictados de las nuevas autoridades que quieren respetar la Ley? ¿Pensarán que la autoridad les está faltando el respeto? ¿Se creerán por encima de la Ley? ¿Podrán conspirar y alterar el orden constitucional? Pareciera que la política del actual gobierno y sus ministerios encargados de hacer cumplir la Ley nos llevan por un camino muy resbaloso y peligroso. Urge hacer los correctivos inmediatamente, de lo contrario el espiral de violencia institucional cobrará vida propia.

PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.