¿Están los ahorros protegidos en Panamá? La Superintendencia analizará seguro tras bancarrota de Ueno Bank
- 15/11/2026 14:47
La posibilidad de que Panamá cuente con un seguro para respaldar a los ahorristas del centro bancario es una de las discusiones que ha abierto el escándalo financiero, político y judicial que sacude a Paraguay.
La intervención del regulador al banco privado Ueno Bank, así como la destitución y detención del presidente de ese país suramericano, Santiago Peña, por el conflicto de interés, han extendido hasta el istmo el debate sobre la fortaleza de la banca y las garantías para sus depositantes.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) confirmó en exclusiva a La Estrella de Panamá que el próximo año efectuará “un estudio de factibilidad para la creación de un fondo de garantía o de depósitos” en el país.
El asunto ya estaba en evaluación desde hace años por las autoridades locales, confirmó la institución supervisora, liderada por el superintendente Milton Ayón Wong. Sin embargo, con el colapso de Ueno Bank, el tema ha recobrado relevancia.
Su eventual implementación “requiere estudiar cuidadosamente aspectos como el alcance de la cobertura, los montos protegidos, el modelo de administración, la estructura de financiamiento y su articulación con los mecanismos de resolución bancaria”.
Precisamente, el fondo de garantía permitió en Paraguay devolver al menos una parte de los recursos al 100% de los ahorristas con derecho a la garantía de depósitos, mientras que quedaron pendientes los montos que superaban el límite de cobertura establecido.
Este fondo de garantía cubre hasta 228 millones de guaraníes, equivalentes a casi $37,000, según el tipo de cambio.
“Nuestro interés es continuar evaluando las mejores prácticas internacionales y las alternativas que permitan fortalecer la protección de los depositantes, sin comprometer la solidez ni la competitividad de nuestro centro bancario”, contestó la SBP a este diario.
La entidad añadió que “la protección del ahorro del público es un elemento importante para fortalecer la confianza y la estabilidad del sistema bancario. Por ello, es un tema que merece una evaluación técnica y responsable”.
De implementarse, la Superintendencia informó que una de las alternativas recomendadas para financiarlo sería un modelo en el que los bancos realicen aportes periódicos a un fondo común.
De esta manera, los recursos no provendrían directamente de los ahorristas ni representarían una carga para el presupuesto estatal.
Aunque se recomienda que sean los bancos quienes realicen los aportes al fondo de garantía o de depósitos, su implementación sí podría tener efectos indirectos para los cuentahabientes.
“Consideramos que indirectamente esto tendría una incidencia sobre la tasa de interés que estos bancos pagarían sobre los depósitos que pasarían a ser cubiertos o protegidos por dicho fondo”, añadió la SBP por correo electrónico, en respuesta a las preguntas de La Decana.
Lo fundamental es que cualquier mecanismo en este sentido responda a las particularidades de Panamá como economía dolarizada y preserve los incentivos para una gestión bancaria responsable.
Al comparar las regulaciones de Panamá y Paraguay, la panameña “supera de manera importante” a la paraguaya en los niveles de exigencia prudencial, gestión de riesgos, gobernanza corporativa y colchones de conservación de capital, estimó Amauri Castillo, exsuperintendente de bancos.
Sin embargo, “debemos retomar esa discusión y explorar un esquema de crear un fondo privado de garantía para asegurar los depósitos de los ahorristas”, sugirió Castillo.
La pregunta, dijo, es quién lo financiaría. Como alternativa, sugirió adoptar un modelo como el de Paraguay, en el que los bancos realicen aportes proporcionales a sus depósitos o activos para crear el fondo, como ocurre también en Brasil y otros países.
Actualmente, lo que existe es una orden de prelación en la Ley Bancaria que establece que, en caso de liquidación forzosa de una entidad, los primeros depósitos que deben atenderse son los de hasta $10,000. Esto constituye una especie de “seguro” de depósitos implícito, describió.
En el caso de Ueno Bank, intervenido el pasado 2 de noviembre, la entidad manejaba $2,061 millones en depósitos privados y $850 millones de instituciones públicas y fondos destinados a jubilaciones y prestaciones de salud.
La principal reflexión para Panamá a partir de este caso es la importancia de contar con mecanismos adecuados de protección a los depositantes y de resolución bancaria que permitan actuar oportunamente ante situaciones de dificultad en una entidad financiera, señaló la SBP.
Esto se debe a que la estabilidad del sistema bancario no depende únicamente de la solidez individual de los bancos, sino también de la capacidad institucional para prevenir y responder de manera ordenada ante eventuales situaciones de riesgo.
Por ello, la SBP analiza el sistema paraguayo y cómo pueden diseñarse mecanismos que protejan a los pequeños depositantes, fortalezcan la confianza y contribuyan a preservar la estabilidad de la banca.
Este año, la entidad supervisora inició un proyecto para definir los mecanismos de resolución bancaria, con la asesoría del Fondo Monetario Internacional.
“Nos encontramos trabajando en un borrador de un Anteproyecto de Ley de Resolución Bancaria”, que se presentará al Ministerio de Economía y Finanzas el próximo año para contar con “mecanismos más flexibles y ágiles” que permitan proteger a los depositantes y al sistema bancario en general.
Los depósitos en el Centro Bancario Internacional panameño constituyen la principal fuente de financiamiento y alcanzaron los $121,617 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 6,8%, según el reporte más reciente de la SBP a septiembre de este año.
En la última década, una decena de bancos han sido sometidos a liquidación forzosa. Entre ellos figuran FPB Bank, tras las investigaciones de los casos Odebrecht y Lava Jato; Banca Privada d’Andorra (Panamá), acusada de blanqueo de capitales; Atlas Bank; Allbank Corp.; Banco Balboa y Trust; y ES Bank.
En tanto, la primera quiebra por insolvencia ocurrió en 1996 con Banaico (Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá).
En 2001, la SBP intervino el Banco Disa, cuya liquidación forzosa dejó a más de 600 depositantes sin su dinero. El proceso tomó cerca de ocho años.
Salomón Malca, uno de los cuentahabientes afectados, reclamó justicia durante años y denunció que el liquidador les informó que no había dinero para pagarles.
Por su parte, la SBP resaltó que el sistema bancario se caracteriza por una supervisión prudencial, exigencias de capital y liquidez y un marco regulatorio orientado a preservar la estabilidad y la confianza del público.
Sin embargo, “como parte de la evolución del sistema financiero, también es importante continuar evaluando herramientas que fortalezcan nuestra red de seguridad financiera”.