Lesión patrimonial alcanza los $1,000 millones en los últimos gobiernos

La lesión patrimonial al Estado en los últimos gobiernos es de $922,205,108. La cifra es producto de la sumatoria de los 109 casos de ‘alto perfil' que ha investigado el Ministerio Público desde 2012 hasta el año pasado.

Sin embargo, la cuantía de la lesión patrimonial al Estado puede superar los $1,000 millones tomando en cuenta que hay investigaciones pendientes en el caso Odebrecht que involucra a los tres últimos gobiernos, reveló una fuente del Ministerio Público.

La Procuraduría de la Nación hizo públicos en un informe, esta semana, los 109 casos de ‘alto perfil'. En el documento se específica la fecha de inicio de la investigación, el monto de la lesión patrimonial y el estatus del expediente. Sin embargo, no en todos los casos se habla, por el momento, de lesión patrimonial.

En la lista también están incluidos los casos que han sido sobreseidos de manera definitiva hasta la segunda instancia, por los cuales el Ministerio Público ha anunciado apelación, como es el de la Caja de Ahorros, donde se habla de una lesión patrimonial de $9 millones.

De los 109 casos, 56 están en manos del Órgano Judicial, 25 aún en etapa de investigación, 22 con sobreseimiento provisional, cuatro con condenas, uno suspendido y el otro en la elaboración de la vista fiscal.

De acuerdo con las cifras de la Procuraduría, hasta la fecha se le han imputado cargos a 457 funcionarios y 857 particulares. La primera investigación relacionada a la compensación a los dueños de los buses conocidos como ‘diablos rojos', se remonta a marzo de 2012.

El gobierno de entonces, presidio por Ricardo Martinelli, inició un proceso de transformación del sistema de transporte masivo en la ciudad capital que involucró la indemnización a los dueños de los ‘diablos rojos' y ahora se habla de una lesión patrimonial al Estado de $24,090,000, en la que están imputados 66 funcionarios y 466 particulares.

Después de siete años del inicio de la investigación, y de varios procuradores, la Fiscalía solicitó, el 28 de diciembre de 2018, una prórroga al Juzgado Octavo Penal y extiende el término de la investigación por ocho meses, por lo que se dispone de un plazo que vence el 17 de septiembre de 2019, para culminar la investigación que actualmente cuenta con 590 tomos.

‘Panamá debe rescatar esos fondos y quienes hayan delinquido deberán pagar. Pero, debemos ser respetuosos de la ley, de los principios constitucionales y de la presunción de inocencia, sin que haya impunidad',

ALFONSO FRAGUELA

EXVICEPRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS

El escándalo de corrupción más sonado de los últimos años como lo es Odebrecht, la lesión patrimonial es de $220 millones, según la cifra del Ministerio Público.

Este caso está paralizado a la espera de que la Fiscalía Especializada Anticorrupción presente un recurso para ‘revertir' la decisión del Juzgado Duodécimo Penal, confirmada por el Segundo Tribunal Superior, en no conceder más tiempo para la investigación.

Otra de las investigaciones en la misma circunstancia es la correspondiente a las bolsas de comida, donde la lesión patrimonial al Estado es de $33,220,167. El 5 de julio de 2016, la Fiscalía solicitó el llamamiento a juicio en contra de 39 personas y el sobreseimiento de otras 22 ante el Juzgado 15 Penal.

La defensa apeló y está a la espera de la decisión del Segundo Tribunal de Justicia.

En el listado también se incluyen dos investigaciones relacionadas con la Asamblea Nacional. La primera que se inició en abril de 2017 y contempla una lesión patrimonial de $113,309,380 y la segunda que empezó en abril de 2018, con una lesión de $1,000,000.

Parte de los fondos han sido recuperados. El Ministerio Público ha dicho que hasta el momento ha obtenido $416 millones, además de bienes e inmuebles.

Para el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, se trata del ‘latrocinio más grande de la historia de la República'.

En reiteradas ocasiones, dijo, ha expresado su parecer sobre la forma en que se han llevado las investigaciones por parte del órgano estatal, porque deja entrever cierto grado de discrecionalidad y proyecta ante la comunidad una especie de ‘justicia selectiva'.

‘Panamá debe rescatar esos dineros y quienes hayan delinquido deberán pagar. Pero, debemos ser respetuosos de los principios constitucionales y de la presunción de inocencia', concluyó Fraguela.