Uniendo fuerzas por la industria marítima auxiliar

El Proyecto de Ley 598 de 2021 “Que regula el cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá”, en especial, su articulado protector de la industria marítima nacional, está pronto a culminar su periplo constitucional, de cara a convertirse en ley de la República.

La industria marítima nacional en la actualidad está pauperizada por una invasión, no de capitales extranjeros transferencia de tecnología y calidad de servicio, sino de distorsiones a la libre competencia al permitir el abuso de las reglas racionales de mercado, por parte de un puñado de empresas que, abusando de la buena fe tanto de nacionales, como de los agentes diplomáticos de sus propios gobiernos, no han tenido escrúpulos en propiciar la fuga de capitales, el deterioro de las condiciones de competencia, todo en vía contraria a la existencia de un país moderno en materia marítima.

La idea de que el control de las empresas que se dediquen a las industrias marítimas auxiliares sea panameño, así como la tripulación de las naves que se dediquen a lo mismo, no es nueva, pero su espíritu está recogido en los compromisos de gestión institucional del gobierno actual, el documento “Cuatro Pilares y una Estrella”, en el segmento dedicado a la “Economía que genere empleos”, que incluyen “... una estrategia definida para la atracción de inversiones, promoción de las exportaciones y defensa de la economía nacional”, así como el “... desarrollo del clúster marítimo, logístico y portuario, fortalecimiento de la industria nacional, reactivación del comercio y expansión de la industria cultural creativa, entre otras” (Los subrayados son adicionales).

Las reglas de libre comercio pactadas por Panamá de manera bilateral, en ninguno de sus aspectos es incompatible con la potestad de la Administración Pública de emitir las normas administrativas que generen orden público, justo como las demás economías poderosas de Norteamérica, Europa y Asia, donde de manera expresa en algunas legislaciones, como tácita en otras, los nacionales panameños, simplemente no pueden competir con las industrias marítimas protegidas. Al contrario, en Panamá, se les otorgan ventajas por encima y por debajo de las normas jurídicas, donde el servidor público en lugar de interpretar la norma de acuerdo al Derecho Internacional Público, lo hace desde la perspectiva del poder del inversionista.

El diagnóstico del Plan de Gobierno “Uniendo Fuerzas” del sector marítimo, se hace precisamente con esta coyuntura actual, la cual retrata de cuerpo entero su escenario hoy día, presa de las presiones extranjeras, que no dejan nada en el país, más que problemas que finalmente afectan a éste:

“El sector marítimo panameño se encuentra sometido a factores, tanto internos como externos, que han afectado su competitividad. Sumado a deficiencias en la formación técnica especializada, a una oferta de mano de obra limitada y la casi nula capacidad en innovación y desarrollo tecnológico de la industria, permiten concluir que este segmento requiere de una atención especial inmediata.

Estamos perdiendo competitividad como conglomerado debido a Interrupciones en los servicios; demoras y costos adicionales; congestionamiento en vías que conectan zonas logísticas, puertos y aeropuertos y carga y buques, que se están mudando a otros países” (El subrayado es adicional).

La hegemonía de empresas extranjeras no mejora la situación en el país, la empeora progresivamente. Dejar las cosas como están, no es una opción. El industrial marítimo panameño no tiene una embajada a la que recurrir, a veces tampoco tiene un gobierno, que le colabore con fomentar el sector fuera y ni siquiera dentro del país. En cambio, el industrial extranjero, para interpretar la norma a favor suyo, tiene al menos dos grandes alicientes, los agentes del gobierno propio y a los funcionarios panameños.

A pesar de lo anterior, y de forma coherente con el Plan de Gobierno, el Consejo de Gabinete, a través de la Resolución de Gabinete 16 del 9 de febrero de 2021, autoriza al ministro de la Presidencia para proponer ante la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley, Que regula el cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones. Este documento aprobatorio cuenta con la firma de todos los ministros de Estado y, a pesar de exposiciones favorables al Estatus quo descrito, emitidas durante el trámite legislativo, éste resultó consistente con la posición ya expresada, aprobándose el proyecto, en lo medular, sin cambios.

Hoy día, según la Constitución Política de la República, le corresponde sólo al Presidente de la República, tomar la decisión de aprobar o vetar. Decidir sobre si mantener el panorama que su diagnóstico y plan ganador de las elecciones de 2019 resumió tan bien, o realizar un cambio que repercutiría positivamente en las vidas de quienes habitamos en Panamá.